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Denuncian feministas sonorenses a Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por Redaccion

Integrantes de la Red Feminista Sonorense denunciaron ante el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro David Góngora Pimentel, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por haberles negado su derecho de petición, y haberse negado a solicitar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo primero de la constitución local, que protege la vida desde el momento de la fecundación.

En una carta fechada el 20 de noviembre, las integrantes de la red aprovecharon la visita de Góngora Pimentel a Sonora para informarle acerca de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres de ese estado, y pedirle que reporte los acontecimientos al resto de los integrantes de la SCJN.

Las firmantes destacaron que la reforma de ley en contra de la interrupción legal del embarazo (ILE) vulnera sus derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional ratificado por México.

“Se nos negó el derecho de opinión y se impuso una mordaza a la libertad, a la privacidad, a la no discriminación, a la dignidad humana, al derecho de decidir de manera informada cuantos hijos tener, en suma al derecho como humanas de tener derecho”, agregaron las mujeres de la red.

Recordaron que con la reforma de ley se pretende borrar siglos de lucha que mujeres y hombres han realizado para alcanzar la igualdad de género, y que es “paradójico” que las autoridades mexicanas quieran festejar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, cuando se les niega la voz a las mujeres, se oculta su presencia y se les ultraja su cuerpo.

Las firmantes aseguraron que su objetivo es lograr la paz y la seguridad para todas y todos, por lo que le pidieron al ministro defender los derechos humanos de las mujeres.

Asimismo, la Red Feminista Sonorense felicitó el curso que se la ha dado a la petición de incoar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Procurador de los Derechos Humanos de Protección Ciudadana de Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona.

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