Organizaciones de mujeres y feministas uruguayas denunciaron hoy que una vez más, el derecho a decidir de las mujeres vuelve a ser objeto de conversaciones a puertas cerradas entre hombres políticos y de la jerarquía de la Iglesia Católica.
Ante la posibilidad que el presidente electo de Uruguay, Tabaré Vásquez, podría vetar un pronunciamiento parlamentario para despenalizar la interrupción del embarazo, las organizaciones de mujeres y feministas difundieron aquí una carta pública.
Nosotras, miles de mujeres y sus parejas, sobre quienes pesan las consecuencias de la práctica clandestina del aborto; las que desde el trabajo generalmente invisibilizado pero solidario mantenemos funcionando nuestras familias, la atención a la infancia y a los más desposeídos; nosotras las mujeres reclamamos nuestro derecho a ser escuchadas, dice la carta.
Ante la posibilidad de que Vázquez ejerza el derecho a veto, cuestión que le fue consultada y que prefirió no concretar, las feministas uruguayas expresan su confianza en las y los legisladores electos, quienes habrían de responder al reclamo ciudadano de una ley sobre aborto coherente con la laicidad del Estado uruguayo y respetuosa de una sociedad plural.
Sostenemos la esperanza de que el doctor Tabaré Vázquez actuará en consecuencia, explican en la carta, en la que también mencionan que el aborto ha estado en el debate parlamentario desde 1984, «y se ha constituido en uno de los pocos temas legislativos que convocan a la opinión pública y a la participación ciudadana», difundió Mujereshoy.
La periodista Isabel Villar, en un artículo publicado hoy por el diario La República, consigna que las integrantes de esas organizaciones reclaman su derecho a ser escuchadas, al tiempo que piden coherencia con la laicidad del Estado y la pluralidad de la sociedad.
El doctor Tabaré Vázquez se pronunció otras veces contra la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo pero, sin perjuicio de comentarios previos a favor de una iniciativa popular para dirimir la cuestión, esta es la primera en que lo hace como presidente electo.
Sin embargo, de acuerdo con la carta publicada hoy «más del 63 por ciento de la ciudadanía, según la medición de diversas encuestas, está a favor de la aprobación de un proyecto como éste que brinda un abordaje integral: educación sexual, acceso a servicios de anticoncepción, maternidad y paternidad elegida y responsable, aborto legal hasta las 12 semanas de gestación».
Agregan que el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte indivisible de los derechos humanos fue reconocido, entre otros actores sociales, por «el PIT-CNT, la Universidad de la República, representantes de distintas iglesias, el Sindicato Médico del Uruguay» y otras organizaciones.
Asimismo, calificaron la demanda como un asunto de la agenda política y demandaron «desechar el camino de acuerdos y compromisos elaborados a espaldas de la ciudadanía y a meditar sobre las consecuencias que tienen estos procedimientos sobre la credibilidad política y la calidad de la democracia».
En tal sentido, cabe recordar que durante la campaña electoral que lo llevó a la primera magistratura, el actual presidente Jorge Batlle se comprometió con la Unión Cívica a no admitir durante su gestión la liberalización del aborto.
Esta condicionante, nunca consultada con la ciudadanía, fue la esgrimida en el Senado por el vicepresidente en funciones, Luis Hierro López, para justificar su rechazo a la iniciativa de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva.
Cabe recordar que Tabaré Vásquez fue electo presidente del Uruguay el pasado 31 de octubre, en las elecciones generales. La última de las iniciativas presentadas fue aprobada en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2002 y no alcanzó a convertirse en ley porque el 4 de mayo de 2004, cuando el Senado se pronunció, faltaron apenas 3 votos más por la afirmativa.
2005/MH/SJE
