Organizaciones mexicanas con trabajo en derechos humanos, sexuales y reproductivos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice una visita «in loco» (en el lugar) a través de su Relator de Derechos Humanos de las Mujeres, con el propósito de constatar la violencia institucional y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en México y de que se pronuncie contra tal situación.
Durante la primera audiencia, realizada ayer en la sede de la CIDH en Washington, organizaciones integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT )» presentaron un documento donde expresaron sus preocupaciones ante la legislación que protege la vida desde la concepción, el feminicidio en México, la violencia institucional en contra de las mujeres en situación de reclusión, la reforma al sistema procesal penal, el acceso a la justicia de las mujeres y su seguridad en un contexto de militarización.
La RTDT –integrada por organizaciones como Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C., (Asilegal), Católicas por el Derecho a Decidir (CDC), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez (CDHVD), Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas (Colem) y el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos AC– pidió a la CIDH que exhorte públicamente al Estado mexicano a que armonice su normatividad y sus prácticas en derechos humanos con los estándares internacionales en la materia.
Luz Estela Castro, de la organización Justicia para Nuestras Hijas de Chihuahua, señaló en entrevista con Cimacnoticias que durante la audiencia quedaron satisfechas: «queríamos mostrar y documentar las violaciones contra los derechos humanos de las mujeres que comete el Estado mexicano».
De acuerdo con Castro, el «Estado mexicano quedó evidenciado en este ámbito, pues se dejó claro que sus esfuerzos son sólo una simulación y que algo está pasando para que, a pesar de las supuestas acciones que implementa para erradicar la violencia contra las mujeres, ésta aumenta cada día».
FEMINICIDIO
Un ejemplo de violencia institucional es el aumento de los casos de feminicidio en el país y la alta impunidad que prevalece al investigar los homicidios contra mujeres. Las organizaciones subrayaron que, a pesar de que el Estado está obligado a prevenir, sancionar, investigar, combatir, reparar y eliminar los actos de violencia contra las mujeres, no ha generado una política integral que los erradique.
De acuerdo con la RTDT, Ciudad Juárez y Chihuahua son los estados con más mujeres asesinadas y desaparecidas: de 1993 a septiembre de 2007 se tiene registro de que 553 mujeres fueron asesinadas con violencia brutal en esas ciudades fronterizas. Según datos de la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, hubo 206 casos de violencia feminicida de enero de 2007 a noviembre de 2008.
Asimismo, entre enero de 2007 y diciembre de 2008, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó 1221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades. De acuerdo con la OCNF, de enero a junio de este año fueron asesinadas 430 niñas y mujeres en 15 estados
Ante este panorama, Luz Estela Castro afirmó que, mientras el feminicidio en el país se incrementa exponencialmente, el gobierno no hace nada y los delitos contra las mexicanas quedan «en la impunidad absoluta».
LA GUERRA CONTRA LA ILE
Castro señaló que en la audiencia se discutió cómo el Estado mexicano violenta los derechos a la salud de las mujeres al abordar las reformas constitucionales contra la interrupción legal del embarazo (ILE) con las que se criminaliza a las mujeres y se tira a la basura lo que marca la NOM-046, olvidando que la observancia de esta norma constituye un compromiso del mismo Estado.
Las reformas a las constituciones locales en 15 entidades han hecho que las mujeres recurran al amparo para defenderse. A la fecha se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 633 amparos de mujeres de seis entidades que han aprobado reformas.
Cabe recordar que la CIDH admitió el pasado 29 de julio 150 amparos de mujeres morelenses.
En este contexto, el 28 de septiembre comenzó la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe denominada «Luces y sombras 2008-2009», integrada por mujeres de 21 países que buscan la prevalencia de un Estado laico y la eliminación de todo tipo de discriminación en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Por otro lado, de acuerdo con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar), 83 por ciento de las y los capitalinos se han pronunciado porque la Ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) vigente en el Distrito Federal desde 2007 se extienda hacia otras entidades federativas, mientras que 90 por ciento considera que éste es un derecho que sólo compete a las mujeres para que ejerzan su maternidad libre y voluntaria.
MUJERES EN RECLUSIÓN
Las organizaciones civiles mexicanas expresaron que las normativas y las políticas públicas en materia penitenciaria no contemplan a las mujeres en situación de reclusión, a quienes se discrimina. Las condiciones jurídicas y materiales de las mujeres privadas de libertad constituyen un acto de violencia que les genera daños y sufrimientos físicos, psíquicos y morales, injustos e innecesarios, que obedecen directa y reiteradamente a su condición de género, lo que constituye una flagrante violación de sus derechos humanos.
Ejemplo de ello es lo que ocurrió con la señora Jacinta Francisco Marcial, una mujer indígena del pueblo otomí acusada de secuestrar a elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José del Alto, Querétaro. Jacinta fue sentenciada a 21 años de cárcel, el 19 de diciembre de 2008, por un delito que no cometió y fue liberada después de tres años, el 16 de septiembre de este año.
ACCESO A LA JUSTICIA
Finalmente, se hicieron del conocimiento de la CIDH las prácticas que impiden que las mujeres tengan acceso a la justicia en el nuevo sistema de justicia penal en Chihuahua, que entró en vigor en enero de 2008; sobre todo por la falta de mecanismos que monitoreen y garanticen su instrumentación de conformidad con los tratados internacionales, los cuales exigen que se incorpore una efectiva perspectiva de género en la impartición de justicia.
Otro ejemplo de la falta de acceso de las mujeres a la justicia presentado ante la CIDH fue el caso de las 26 mujeres agredidas sexualmente por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en los operativos del 3 y 4 mayo de 2006 en San Salvador Atenco; que fueron tocadas, insultadas, humilladas, golpeadas y sometidas a burlas por su condición de género.
Cabe destacar que el caso de estas mujeres fue presentado ante la CIDH, el 29 de abril de 2008, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y 11 de las mujeres violadas durante el operativo.
La segunda audiencia de organizaciones civiles en defensa de las mujeres se llevó a cabo hoy en la sede de la CIDH.
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