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Denuncian panorama de “terror” para las hondureñas

Por Anaiz Zamora Márquez
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Cada 13 horas una mujer hondureña es asesinada y aunque desde mayo de 2013 se tipificó el delito de feminicidio en el país centroamericano, hasta ahora sólo se han dictado dos sentencias por este crimen (una condenatoria y una absolutoria), lo que evidencia la falta de seguridad, acceso a la justicia y reparación del daño para las hondureñas.

Organizaciones civiles de esa nación reportaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estos hechos que evidencian la forma en que el Estado hondureño no detiene la violencia de género, que ha ido en incremento tras el golpe de Estado perpetrado en 2009.
 
Los centros de Derechos Humanos de las Mujeres (CDM) y el de Estudios de la Mujer (CEM-H), así como la organización civil Asociadas por lo Justo (Jass), entre otras agrupaciones, expusieron durante el 152 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, que se realiza en el Palacio de Minería en esta capital, que en Honduras “se vive una crisis humanitaria y de Derechos Humanos (DH)”. 
 
Y es que en el país centroamericano el 62.2 por ciento de la población vive en la pobreza, a lo que se suma que es la nación con la tasa de violencia extrema más alta de toda la región, ya que se registran 79 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, y la impunidad está presente en el 80 por ciento de los casos.  

“Las hondureñas vivimos con el terror de ser asesinadas en un país que mantiene cifras similares de violencia a los de uno en guerra”, dijo Carolina Sierra, dirigente del Foro de Mujeres, a las y los comisionados de la CIDH al informarles que en Honduras una mujer es asesinada cada 13 horas.
 
De acuerdo con cifras oficiales expuestas por las activistas, mientras la tasa de homicidios en varones disminuyó en los años recientes, en las mujeres aumentó al pasar de 2.7 muertes por cada 100 mil mujeres en 2005 a 14.5 decesos en 2013.
 
Pese a que en mayo de 2013 se tipificó el feminicidio, a la fecha sólo se han presentado cinco requerimientos por el delito y de ellos sólo uno recibió sentencia condenatoria y otro un fallo absolutorio.
 
A lo que se suma que las desapariciones de mujeres y jóvenes aumentaron en 281 por ciento y el índice de impunidad en delitos de violencia sexual es de 95 por ciento.
 
Denunciaron también que el Estado hondureño niega a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad; además de que todas las formas de aborto están prohibidas.
 
La anticoncepción de emergencia –método al cual las mujeres tenían derecho desde los años 90– fue prohibida en 2009 mediante un acuerdo ministerial en el marco del golpe de Estado, bajo el argumento de que la pastilla era “abortiva”.
 
En su intervención, la comisionada Tracy Robinson señaló a los representantes del Estado hondureño que la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) ayuda a garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sus planes de vida y su derecho a la reproducción, y que las evidencias científicas demuestran que no es abortiva.
 
Las representantes de la sociedad civil hondureña también hicieron del conocimiento de la CIDH el incremento en las agresiones, hostigamientos e intimidaciones de las que son víctimas las defensoras de DH, especialmente aquellas que destinan su labor a la defensa del territorio y el agua, e incluso contra quienes ya cuentan con medidas cautelares. 
 
Aunque actualmente está en revisión un proyecto de ley para crear un mecanismo de protección a personas defensoras, éste no ha sido consensuado con las organizaciones y además carece de perspectiva de género.

Ante ese contexto pidieron a la CIDH que emita recomendaciones al Estado hondureño como la generación de cambios estructurales en el sistema de justicia, para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean investigados con la debida diligencia, y así las víctimas accedan a la justicia y las personas responsables de esos crímenes sean castigadas. 
 
En particular la investigación de las muertes violentas de mujeres debe contar con los recursos necesarios para identificar las especificidades de los crímenes, y la unidad de investigación debe regresar a la Fiscalía de la Mujer.
 
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