El diseño de las acciones previstas hacia mujeres en el presupuesto federal de 2003 «es tramposo», toda vez que pretende hacer creer que está dirigido a eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres cuando sólo busca abatir la pobreza de la población femenina más marginada.
Así lo denunciaron las economistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Jennifer Cooper y Flérida Guzmán, quienes en entrevista con cimacnoticias advirtieron también que los programas de atención a las mujeres son deficientes e incrementan su trabajo doméstico.
Las especialistas señalaron la necesidad de que el gasto social para el 2003 dirigido a las mujeres se planifique con base en las necesidades específicas de la población femenina, por lo que no basta solamente con incrementar los recursos.
Profesoras investigadoras de la Facultad de Economía de la UNAM, explicaron que «la tendencia a circunscribir el tema de género al problema de la feminización de la pobreza es una trampa que sólo ha confundido la discusión estratégica de cómo confrontar las inequidades y la subordinación femenina».
Cooper y Guzmán indicaron que la política del gasto social del gobierno federal a través de programas como Oportunidades (antes Progresa) se enfoca a atender únicamente a las mujeres más pobres del país, lo que provoca la exclusión de las necesidades de las mujeres de la clase media.
Jennifer Cooper resaltó que los programas enfocados a atender a las mujeres pobres son ineficaces, toda vez que por ejemplo, en los rubros de salud y educación la atención que brinda el Estado es deficiente, y al mismo tiempo impone a las mujeres mayores cargas de trabajo doméstico.
Sostuvo que la Federación logra un «gran ahorro» en el ejercicio de su presupuesto, al traspasar a las familias el cuidado de los enfermos o la responsabilidad de «hacer labores de limpieza o aportar recursos» a las escuelas públicas, obligaciones que corresponden al Estado.
«Las mujeres queremos que las políticas del gasto público reconozcan el aporte del trabajo doméstico, y que los empleos que tenemos sean más remunerados», enfatizó Cooper.
Añadió que para elaborar un presupuesto con perspectiva de género es indispensable que las instancias públicas desagreguen por sexo sus estadísticas, y de esa forma midan el impacto diferenciado de sus distintos programas en hombres y mujeres.
Las dos investigadoras, quienes integran un equipo de trabajo con Regina Enríquez y Miguel Ángel Pérez, en breve darán a conocer las conclusiones de un análisis del presupuesto y política del gasto público con perspectiva de género.
Flérida Guzmán consideró que los programas del gobierno federal dirigidos a la población femenina «reproducen los roles tradicionales de género».
Puso como ejemplo que los programas para apoyar proyectos productivos de las mujeres campesinas ejecutados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Reforma Agraria (SRA) otorgan diferentes montos a mujeres y hombres.
«A las campesinas les dan recursos para que críen puerquitos y gallinitas, asuntos que tradicionalmente han sido atendidos por ellas en el ámbito rural» y se les restringe el financiamiento para otro tipo de empresas, criticó la investigadora.
Cooper y Guzmán demandaron que la sociedad civil, sus organizaciones y la academia, participe de lleno en la elaboración del presupuesto de egresos y en las políticas públicas, para que éstos respondan a los intereses de la población, y en especifico de las mujeres.
Manifestaron que el sector de investigadores y académicos debe hacer diagnósticos sobre la efectividad y gastos ejercidos de los programas sociales dirigidos a la población femenina, para posteriormente elaborar propuestas y estrategias con enfoque de género.
No obstante, lamentaron que dichas investigaciones se verían muy limitadas ante la escasez de recursos para universidades públicas como la UNAM. «Es necesario realizar encuestas para saber también qué es lo que quieren en general las mujeres, pero faltan tiempo y dinero», expresó Guzmán.
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