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Denuncian zapotecas guerra de baja intensidad

Por la Redacción

La Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ) entregó a representantes de España y Holanda de Amnistía Internacional un documento en el que les piden observar las condiciones de vida en que viven los indígenas zapotecas de Loxicha luego de casi siete años de “guerra de baja intensidad”.

En una carta firmada por Inés Antonio Reyes, Laura Hernández Antonio, Daniel Santiago Matías y Juan Sosa Maldonado, la OPIZ explica que en ese lapso se han realizado detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violaciones, desplazamiento forzado de la población, militarización y paramilitarismo en la región.

La misiva fue entregada a los representantes de las secciones de España y Holanda, Esteban Beltrán Verdes y Harry Hummel, quienes visitaron la ciudad de Oaxaca donde se reunieron con representantes de organismos civiles. En la carta denuncian que en la zona hay tres bases de operaciones mixtas que actúan de manera impune.

Señalan que la satanización y criminalización de las y los indígenas zapotecas ha sido el ingrediente activo durante estos años, pues aunque el Ejército Popular Revolucionario (EPR) no está presente en la región, con el pretexto de combatirlo el gobierno viola en forma constante los derechos humanos de los indígenas.

En la carta la OPIZ agrega que de los más de 150 indígenas que enfrentaron procesos judiciales, 14 sentenciados por delitos del fuero federal permanecen en dos cárceles del estado.

Otros presos indígenas permanecen principalmente en la cárcel de Pochutla enfrentando procesos o sentencias por delitos que no cometieron o como resultado de la falta de educación. En otras palabras, son víctimas de la marginación y de la pobreza, agrega el escrito.

Además está el caso de Isabel Almaráz Matías y coacusados procesados por delitos que la procuraduría vincula a grupos armados pero que ellos y sus familiares aseguran no tienen nada que ver; se repite la historia de 1996 a la fecha sólo que ahora alcanza también a las mujeres, en todos los casos es palpable que no se castiga el delito, se castiga la pobreza, señala la OPIZ.

Señaló también el caso de Marcelino Santiago Pacheco, desaparecido desde el pasado 27 de abril y agregó que en 1997 no se supo de él durante nueve meses. Entonces y ahora las autoridades no se hacen responsables de su paradero, indicó.

En el encuentro estuvieron también representantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, el Centro Regional Indígena de Derechos Humanos Ñu´u Sabih, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón y del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado.

2003/SJE/MEL

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