Feministas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), lamentaron lo dicho por Fernando Gómez Mont Urueta, respecto a que conmina a las y los defensores de Derechos Humanos (DH) a no «ser cómplices ni encubridores… ni ser tontos útiles de una delincuencia, a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de esa autoridad».
En un extrañamiento enviado al titular de la Secretaría de Gobernación (SG) las y los firmantes lamentan que un funcionario que se precia de ser «demócrata», exprese su asombro de que los organismos públicos de DH contengan y condicionen el ejercicio del gobierno, «ya que ésa es justamente su función en una democracia, cuando éste no cumple con su mandato».
Precisan que durante la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, el funcionario también dijo que a veces tiene diferencias de opinión con los organismos de protección de los DH «porque el terreno es complejo».
En una sociedad democrática, los actores públicos, privados y sociales no intercambian insultos ni expresiones peyorativas. «En ese sentido, un señalamiento del tipo que usted profirió resulta lamentable viniendo de cualquier actor público, principalmente de un funcionario gubernamental de tan alta investidura», subraya el documento.
En un Estado democrático de Derecho, «los DH no son, ni pueden ser objeto de polémica, pese a la complejidad o gravedad de las circunstancias, o de los intereses que suelen estar en juego al defender los DH de la población».
Y citan tres ejemplos; un consenso universal en torno a la prohibición de la tortura, de las desapariciones forzadas de personas y de la aplicación extensiva del fuero militar en perjuicio de civiles.
Sin embargo, afirman, el Estado mexicano sigue considerando estos temas como no discutibles, o que están sujetos a flexibilización.
Con ello se contravienen los principios que fundan la legalidad y la legitimidad de un orden social democrático y justo, en el cual las personas gocen de los mayores estándares en el ejercicio de sus derechos.
Subrayan que en una sociedad democrática, garante y respetuosa de los DH, no pueden ponderarse, ni jerarquizarse los derechos fundamentales, de tal modo que uno deba sacrificarse en aras del otro.
De igual manera increpan a Gómez Mont que a la luz de la Declaración de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la organización de las Naciones Unidas en 1998, el Estado mexicano y el gobierno «del que usted forma parte» deben tanto reconocer la importante labor social y democrática que realizan las instituciones públicas y las organizaciones sociales, y las y los defensores de DH, como brindar protección a su integridad.
«Los calificativos a los defensores de DH tildándoles de cómplices y de «tontos útiles» denota el peligroso lugar en que coloca la gran labor y el compromiso que guardan hacia la defensa y protección de los derechos humanos».
Recuerdan al titular de la SG que sus «calificativos son contrarios a la posición pública e internacional que ha sostenido en diversas oportunidades el gobierno mexicano, del cual usted forma parte, de buscar la seguridad y el combate a la delincuencia con apego a derecho y respeto irrestricto de los derechos humanos».
Entre las 20 organizaciones firmantes se encuentran Católicas por el Derecho a Decidir, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Observatorio de Protección de los Derechos Humanos, entre otras.
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