Esta semana hemos conocido una noticia que, desde mi punto de vista, atenta contra los derechos de ciudadanía de cientos de personas.
Se trata de la decisión del Tribunal Supremo de dar la razón al Arzobispado de Valencia en su batalla contra todas aquellas personas que decidimos apostatar.
La apostasía consiste en la negación, renuncia o abjuración a la fe en una religión. La única forma que en España se había encontrado era la de utilizar la Ley de Protección de Datos ejerciendo el derecho de cancelación o pertenencia. Con esta sentencia la jerarquía hará caso omiso al legítimo y constitucional derecho que asiste a cada ciudadano y ciudadana a título individual, como es el de ejercer la libertad de pertenecía, en base a su propia conciencia y convicciones.
Así las cosas, y ante un grave retroceso en mi derecho a dejar de pertenecer a la comunidad católica, me siguen surgiendo dudas del tipo: ¿entonces van a ser las magistrados y magistrados del Tribunal Supremo quienes, también hayan de garantizar mis otros derechos de ciudadanía?
Y, ¿he de fiarme de un estado de derecho en donde al parecer han primado las convicciones de sus señorías ante el derecho constitucional de cientos de personas que hemos manifestado por activa y por pasiva nuestro deseo de dejar de pertenecer a esta, desde mi punto de vista, secta?
Y que vaya por delante todo mi respeto hacia las personas creyentes, puesto que lo que me quejo es de la forma de organización eclesial con sus dogmas de fe y sus imposiciones, por no recordar a la Santa Inquisición y de cómo a las mujeres nos han tratado como seres inferiores a lo largo de la historia.
Y ahora resulta que en medio de una batalla política sobre la obligación de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la que se pretende educar a nuestra juventud, precisamente en valores de ciudadanía, incluido el derecho a pertenecer o no a cualquier confesión religiosa, más allá de su inscripción NO VOLUNTARIA en los libros de bautismo, llega el alto tribunal y niega la mayor con el argumento de que dichos libros no son ficheros y que por tanto no caben anotaciones o borrados de los mismos. ¡¡¡Hay que fastidiarse!!!
Y, ¿dónde queda mi derecho a no pertenecer a esta comunidad? Nadie me preguntó si quería bautizarme o no, ¿Por qué ahora no permiten mi libertad para salir cuando ya soy consciente de lo que quiero y además he pedido también a la Iglesia que me excomulgue por los «pecados» que he cometido? ¡¡Pero si incluso lo he pedido varias veces por escrito y los he relatado explícitamente para, precisamente darles pie a que me excomulgaran…!! Ni aún así.
De nuevo siento mis derechos atropellados y no es justo.
La hipocresía que emana de toda esta historia es innegable. De la misma manera que lo son las aparentes prisas del Supremo por «quitarse» de encima este tema.
Pero además me surgen otras preguntas: ¿Llevará el Gobierno este tema al Tribunal Constitucional? O esta otra ¿Promoverá el Gobierno de Zapatero ante el Parlamento una legislación que nos proteja a aquellas personas que no deseamos continuar formando parte de los datos que maneja la Iglesia Católica, incluso a efectos económicos?
Deberían hacerlo puesto que están en juego muchos intereses, entre ellos incluso económicos, pero en mi opinión creo que deberían hacerlo por dignidad política y por dejar zanjado el tema de la separación definitiva entre esta confesión, la católica, con el estado que, recordemos que según la Constitución vigente es
ACONFESIONAL.
Pero de momento esta teórica aconfesionalidad sigue estando solamente sobre el papel, puesto que en la práctica ya vemos cómo ni siquiera se han revisado los acuerdos del Concordato con el Vaticano.
Y así, se siguen contratando por los obispados y arzobispados mayoritariamente a maestras para que impartan la asignatura de religión en las escuela públicas, sin tener en cuenta que esa responsabilidad, la de contratación de personal docente, debería corresponder en todos los aspectos y para todas las asignaturas, a las administraciones públicas.
Buscaremos nuevas vías para dejar de formar parte de esta comunidad a la que nunca nos pidieron entrar y de la que no nos dejan salir.
* Teresa Mollá Castells. Periodista y feminista en Ontinyent, Valencia, España.
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08/TMC/GG
