Inicio Derechos humanos, asignatura pendiente de la SEP

Derechos humanos, asignatura pendiente de la SEP

Por Rafael Maya

La presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM), Rocío García Gaytán, exigió hoy a la Secretaría de Educación Pública implementar en escuelas públicas la enseñanza de los derechos humanos como una norma de convivencia social que contribuya a erradicar la violencia intrafamiliar.

La funcionaria dictó la conferencia Derechos humanos y violencia familiar durante el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Legisladoras organizado por la Comisión de Equidad y Género, que tiene lugar en la Cámara de Diputados y cuyos acuerdos se dará hoy mismo por la tarde.

En tanto, la subsecretaria para temas globales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, se pronunció porque antes de realizar una nueva convención internacional a favor de las mujeres se dé cumplimiento a los acuerdos emanados de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Pekín, celebrada en 1995.

Rocío García reiteró en varias ocasiones que más que el apoyo del Inmujeres para su instituto, lo que necesita es el respaldo del Congreso local de Jalisco en el sentido de que elabore leyes desde una visión de equidad de género.

Además, demandó que la legislatura de su estado autorice mayores recursos al IJM. Denunció que en las secretarías de Jalisco se exige el certificado de ingravidez a las mujeres, por lo que pidió a las legisladoras modificar la ley para erradicar esa práctica.

Aunque el presidente de la República, Vicente Fox, anunció el 28 de enero de 2002 que en todas las dependencias del gobierno federal “está totalmente prohibido” negarles el empleo o no contratar a las mujeres por estar embarazadas.

En la capital mexicana el despido por embarazo y el examen de ingravidez quedó suprimido en las dependencias públicas gracias a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 1997.

La titular del IJM propuso se realicen las modificaciones legales pertinentes para que los institutos estatales de la mujer dependan de las secretarías de gobierno y no de los mecanismos de asistencia social.

En lo que respecta al tema de la violencia intrafamiliar, la funcionaria del IJM manifestó que se debe revisar en las legislaciones de los estados si ese flagelo está estipulado como un delito y un problema de salud pública, que vulnera principalmente a las y los niños y a las personas adultas mayores.

Por su parte, Patricia Olamendi señaló que los acuerdos emanados de la conferencia de Pekín a favor de las mujeres están muy lejos de cumplirse por parte de los gobiernos del mundo.

Apremió a las legisladoras federales y estatales para que en 2005 en México ya no exista una sola ley que permita la discriminación contra las mujeres. Advirtió que con voluntad política se puede alcanzar esa meta.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores expresó su apoyo a las legisladoras de los estados en el sentido de orientarlas en el uso de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Hacia las Mujeres (CEDAW), y aplicar sus resolutivos en las legislaciones locales.

Adelantó que en abril próximo se realizará en México un congreso internacional para armonizar las legislaciones locales y federales en materia de derechos femeninos.

04/RM/GB

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles. Acepto Leer más