La visita que la semana pasada hizo a México Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), puso el acento en una realidad innegable: los derechos humanos están ausentes del debate político que se da en el país, precisamente cuando éste se enfila hacia las elecciones federales del 2006.
Preocupada por la situación que encontró en el país, con muy pocos cambios desde su anterior visita, en 2003, Khan llamó a los partidos políticos y a los candidatos que contenderán en el 2006 a convertir la retórica en acción concreta, y a hacer de los derechos humanos el centro de sus propuestas electorales.
En una carta abierta a los partidos políticos, la secretaria general de AI sostuvo que el Ejecutivo Federal no ha tenido la suficiente determinación para defender los derechos humanos, mientras el Congreso «se ha dejado llevar por rencillas políticas», y el Poder Judicial ha fallado en reconocer estándares internacionales de derechos humanos en sus decisiones.
Manifestó que las autoridades federales y estatales, con frecuencia, utilizan argumentos legales y constitucionales para «justificar y mantener impunidad e inacción en vez de asegurar la rendición de cuentas», como en el caso de las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua.
Señaló además serias deficiencias en las áreas de seguridad y justicia, señaló que se mantienen «la tortura, las detenciones arbitrarias, las persecuciones infundadas, la corrupción y la impunidad», y pidió a los partidos políticos y a sus candidatos que indiquen sus compromisos en materia de derechos humanos.
«La discriminación y la violencia contra las mujeres siguen siendo endémicas en México. Los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua de los últimos 12 años constituyen el ejemplo más destacado de cómo las profundas deficiencias en el sistema judicial y de seguridad, unidas a la discriminación y falta de igualdad, son caldo de cultivo para la violencia de género», sostuvo al referirse a este tema.
Aclaró además que este tipo de violencia, y la falta de acción de las autoridades no se limitan a Chihuahua, y que es urgente aplicar políticas prácticas que garanticen el derecho de todas las mujeres a vivir sin violencia ni discriminación, objetivos que deben integrarse en la reforma de la policía y el sistema de seguridad, uno de los grandes desafíos pendientes para México.
Cuestionó las medidas aplicadas para combatir la delincuencia que, a lo largo de más de 10 años, sólo han exacerbado las violaciones de los derechos humanos, y recomendó poner límites a la función de seguridad desempeñada por las fuerzas militares, pues el ejército no está capacitado para cumplir funciones policiales o judiciales.
Insistió en que deben cumplirse las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales de limitar el papel de la jurisdicción militar, para que los militares presuntamente responsables de violaciones graves de los derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles para impedir la impunidad.
Sobre la investigación de los crímenes del pasado, que incluyen la persecución y desaparición de estudiantes y opositores al gobierno en los 70 y los 80, sostuvo que prevale la impunidad y que la Fiscalía Especial sigue su trabajo «con resultados limitados y, de momento, poco satisfactorios», por lo que este gobierno y el próximo deben garantizar la justicia, la verdad y la reparación de una vez por todas en este tema.
Recomendó también que se eliminen las reservas e interpretaciones presentadas por el gobierno mexicano a tratados internacionales claves, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la no Aplicabilidad de las Limitaciones Legales a los Crímenes de Guerra y a los Crímenes contra la Humanidad.
Khan afirmó que los candidatos presidenciales y los aspirantes al Congreso deben comprometerse con un programa de acción concreto que trate de resolver estos problemas, y mantener un diálogo abierto con organizaciones de la sociedad civil para lograr que el mismo tenga éxito.
Por su parte, el gobierno federal rechazó los señalamientos de AI al afirmar que el gobierno de México lucha a escala mundial en favor de los derechos humanos como también lo hace dentro del país, pero «en un ámbito federalista».
El vocero presidencial, Rubén Aguilar, respondió así a las críticas de Irene Khan, en torno a que la administración foxista no promueve a nivel interno la defensa de los derechos humanos como lo hace en el plano internacional.
Afirmó que el gobierno federal recibe y acoge las sugerencias y recomendaciones de AI y comparte su observación sobre la necesidad de que el Congreso apruebe una nueva legislación, como la propuesta por el Ejecutivo, pero solicita al Poder Legislativo y los gobiernos estatales retomen también las observaciones del organismo internacional.
05/LG/GM
