Los derechos reproductivos de las mujeres, «esenciales en una democracia moderna», deben ser garantizados por el Estado, quien está obligado a proporcionar las condiciones jurídicas, médicas, sociales y de otra índole, que les permitan tomar esa decisión a las ciudadanas.
Así lo estipula la comunidad internacional desde 1968, con la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán, Irán, según refiere la publicación Los derechos reproductivos, número 7, de la serie Las hojas de Andar, elaborado por la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar), en 2005.
En este sentido, señala el manuscrito, «los derechos reproductivos entrañan la capacidad de decidir en los asuntos más íntimos y trascendentes de las personas, sus requisitos de libertad, responsabilidad e información son modelo de ejercicio de otros derechos».
Por lo que, asegura, promover la capacidad de decisión reproductiva y protegerla mediante derechos favorece la vida de las personas y son «son esenciales en una democracia moderna».
La promoción de estos derechos «debe ser la base primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia», afirma Andar.
En México, sobre todo, las mujeres indígenas y marginadas ni siquiera han alcanzado un nivel adecuado de uso de métodos anticonceptivos artificiales. Y la posibilidad del aborto legal y seguro es casi inexistente para la mayoría de las mexicanas que no pueden o no desean proseguir un embarazo.
La Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán definió por primera vez estos derechos «los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de hijos y los intervalos entre los nacimientos».
Seis años más tarde, en la Conferencia Mundial de Población de la Bucarest, se otorgó la titularidad de tal derecho ya no a los padres sino a las parejas e individuos, la cual ha permanecido invariable, pese a que algunos gobiernos «han insistido en que se prohíba el acceso de las personas solteras a los anticonceptivos, por el ejercicio de la libertad sexual que ello supone».
Y también estableció el derecho a disponer de la información, la educación y los medios necesarios para ejercer el derecho reproductivo básico.
Mientras que la Conferencia Internacional de Población en México, en 1984, añadió a este derecho disponer además de información, la educación y los medios, aunque se limita a los servicios de planificación familiar.
Y por último, la conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994, consignó el derecho de todo ser humano «a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva», y a «adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia».
Tales derechos se fundamentan en la noción de salud reproductiva que introdujo la misma conferencia, y que se define como «un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos».
Además, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos la libertad para decidir de procrear o no hacerlo.
En El Cairo también se definió el concepto de salud reproductiva como «el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva».
En este sentido, la salud sexual tiene por objetivo el «desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual».
Cabe mencionar, que de 1968 a la conferencia internacional de 1994, los derechos reproductivos pasaron de considerarse como la planificación familiar a formar parte de los servicios generales de salud.
09/GCJ/GG
