Presuntos elementos de la policía municipal de Santiaguito Etla desalojaron violentamente a 11 mujeres y a sus hijas, cuando por instrucciones del Comisariado Ejidal pretendían recuperar un predio de una hectárea adquirida hace 30 años por integrantes de la Sociedad Porcícola de Engorda.
Olivia Cruz Velasco, presidenta de la Sociedad, denunció que el lunes pasado elementos de la policía municipal lesionaron con palos y piedras a las mujeres, todas ellas mayores de 50 años, propietarias del predio en disputa desde hace tres décadas.
En conferencia de prensa Cruz indicó que en 1975, 16 mujeres de esa comunidad decidieron conformar la organización porcícola y compraron casi una hectárea al entonces comisariado ejidal, la cual pagaron con un crédito de 135 millones de pesos otorgado por Banrural y con 10 cerdos de engorda que entregaron a integrante del comisariado.
Sin embargo, debido a los intereses de varias empresas, entre ellas Coca-cola, la plusvalía de esas tierras se incrementó, por lo que los ejidatarios determinaron hace cuatro años entablar un juicio para despojarlas del terreno y venderlo «con ganancias millonarias».
«La ignorancia nos hizo creer en nuestro abogado, pero se vendió y perdimos el juicio ante el Tribunal Agrario», explicó una de las afectadas, quien señaló que las autoridades ejidales actuaron con demasiada violencia contra «este grupo de abuelitas, que dejamos en esa tierra nuestra vida».
Cruz Velasco añadió que cuando llegaron a desalojar el predio, solicitaron tiempo para sacar sus cosas, pero «se negaron y nosotras pensamos que sólo muertas nos sacarían del lugar y casi lo logran».
Del mismo modo, dijo desconocer las razones por las que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no respondió al llamado que hicieron las mujeres que solicitaron su intervención para evitar un enfrentamiento.
Lamentó la actuación del subsecretario de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, quien no hizo nada para evitar la violencia de los ejidatarios y, por el contrario, las amenazó.
Una de las mujeres desalojadas, Amparo Lescas León, indicó a Cimacnoticias que la acción de la autoridad municipal fue una traición, porque sólo habían pedido tiempo para sacar sus pertenencias.
«Somos cristianas y gente de paz», añadió Adelina Nava Armengol, y para evitar que hubiera un derramamiento de sangre y por la vida de nuestros hijos e hijas entregamos el predio y con ello toda nuestra vida de trabajo y esfuerzo».
Por su parte, Blanca Pineda, secretaria general estatal del Consejo Nacional Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que el desalojo de las campesinas es resultado de muchos años de ambición por parte de los dos últimos comisariados ejidales de Etla.
Pero advirtió que hubo saña en la actitud de los policías municipales, porque se trata de mujeres y de gente que profesa una religión distinta a la que practican la mayoría de los habitantes de esa comunidad.
La abogada señaló que el Tribunal Agrario no sólo provocó el enfrentamiento, sino que se contradijo al existir un segundo juicio en el que se dictó una medida cautelar, por lo que no tendría ninguna razón el desalojo del predio.
Pineda expuso su enojo por la actitud de las autoridades al decir: «milito en el PRI y por ello demando un gobierno donde realmente impere la libertad de expresión, crédito y religión».
Me alarman los discursos de los políticos oaxaqueños, abundó la abogada, donde se dice que las mujeres somos una prioridad y pregunto si es mediante la fuerza como se demuestra la prioridad hacia las mujeres.
En conferencia de prensa, Lenin López Nelio, integrante de la Unión Campesina Oaxaqueña, organismo que este lunes pretendió defender a las mujeres desalojadas, pidió la liberación de nueve de sus integrantes, secuestrados, golpeados y detenidos durante los hechos.
Asimismo, demandó castigo a los responsables porque dijo «no es posible que en un pueblo como Santiaguito Etla haya un cuerpo policíaco tan grande, nadie duda que fue montado expresamente para desalojar a estas mujeres».
04/SJE/GBG
