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Desarrollo a la fuerza, guerra contra el pueblo

Por Anamaría Cofiño K.*

En un sistema desigual como éste, las fuerzas policiales y el Ejército existen para defender los intereses de quienes tienen el poder económico y político.
 
Si alguien pone esto en duda, lo puede comprobar viendo cómo se utilizan contingentes de hombres armados para sofocar movimientos surgidos desde las raíces de pueblos que están hartos de vivir la peor parte de la injusticia.
 
La Puya –sitio ubicado en un camino entre los municipios de San José El Golfo y San Pedro Ayampuc, del departamento de Guatemala–, donde desde febrero están acampando día y noche habitantes de las aldeas cercanas que se oponen a la instalación de un proyecto minero, reúne a familias de campesinos y gente trabajadora que vive con lo que su trabajo le da.
 
Así han sobrevivido generación tras generación, sembrando su maíz y frijol, criando animales, sacando unos centavos de trabajos ocasionales o migrando al norte para mantener a la familia. Obvio que quisieran mejorar su calidad de vida, no es que tengan espíritu de mártires, pero tienen claro que eso no puede lograrse a costa de la destrucción de sus territorios ni de otras comunidades.
 
La opción de desarrollo que empresas y gobiernos corruptos ofrecen se limita a cooptar a quienes los apoyan, contratando a unos cuantos, sembrando conflictividad y ocasionando daños irreparables en las fuentes de agua, en tierras y montañas.
 
Las comunidades donde hay minería, como en San Marcos, en el occidente de Guatemala, están padeciendo los efectos nocivos de la contaminación y destrucción ambiental, mientras la empresa canadiense Goldcorp se enriquece de manera vergonzosa, poniendo oídos sordos al rechazo popular que se ha hecho patente en las consultas realizadas por las comunidades hace ya más de un lustro.
 
La Puya, reconocida a nivel internacional como una comunidad de la resistencia pacífica en defensa de la vida, representa las múltiples luchas que se están organizando en el continente para defender la naturaleza, exigir justicia, y oponerse a los abusos y la voracidad de las empresas de todo tipo que –con el mayor descaro y falta de escrúpulos– pretenden extraer los bienes comunes para su exclusivo enriquecimiento.
 
La Puya es un plantón de habitantes que trata de impedir la construcción de una mina de oro y plata en esta zona aledaña a la ciudad capital, donde existen varias licencias de exploración.
 
El reclamo de la gente es por el peligro que corren sus escasas fuentes de agua, dado que saben que la minería utiliza miles de litros para sus procesos de extracción.
 
La resistencia en esa zona se suma a las de muchas comunidades que se organizan contra la imposición de un desarrollo a la fuerza que privatiza los bienes comunes, afectando a las comunidades donde se instalan, otorgándoles a los empresarios las condiciones más favorables, como el ridículo pago del uno por ciento de regalías para el país.
 
En este caso, el Estado ha desoído las peticiones de la población, como es la realización de consultas de las y los vecinos, y ha intervenido a favor de la empresa, recurriendo a sus cuerpos especializados de represión.
 
Una de las dirigentes de ese movimiento, Yolanda Oquelí, fue atacada a balazos en mayo pasado, y el caso continúa en la impunidad, sin que hasta la fecha se haya esclarecido.
 
La dignidad con que la gente de La Puya ha enfrentado las provocaciones de personas pagadas por la empresa Exmingua, que en días pasados llegaron a insultar y agredirles, la lucidez con que plantean su situación y la solidaridad que este movimiento ha generado son un capital de otro tipo.
 
Son fuerzas sociales que piensan en el futuro de sus hijas e hijos y buscan el bienestar colectivo. Sin más armas que sus cuerpos y sus voces, están allí, conteniendo el avance pernicioso de un progreso que nunca ha traído nada bueno para las mayorías.
 
El viernes por la mañana un contingente de 140 policías antimotines, con más de 30 patrullas de diferentes comisarías, se hizo presente, sin orden de desalojo, para exigirles que se retiraran.
 
Como en ocasiones anteriores, las mujeres se acompañaron cantando para evitar el uso de la fuerza. En un momento de mucha tensión y temor, mujeres, ancianas y niñas, se acostaron en el suelo frente a los antimotines armados de escudos, cascos, bombas lacrimógenas y más.
 
El desalojo no se llevó a cabo. Lo que las anima es la fe y la convicción de estar en lo justo: la protección para las nuevas generaciones de los lugares donde han crecido y donde quieren seguir viviendo. La resistencia continúa, la defensa de La Puya es la defensa del país.
 
*Integrante de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe.
 
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