Desde su creación, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se ha caracterizado por su subordinación al poder ejecutivo y su tibieza para usar su posición política para concretar un acuerdo nacional por la equidad entre mujeres y hombres.
Creado el 12 de enero de 2001, el Inmujeres no ha logrado aplicar en las instancias federales de gobierno las acciones y políticas contra la violencia y a favor de la salud, educación, empleo, capacitación y lucha contra la pobreza, tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres del país.
Entrevistadas por separado, integrantes de los consejos Consultivo y Social de esa instancia descentralizada, coinciden en que ésta debe recuperar su carácter de liderazgo para garantizar los derechos de las mujeres y mejorar la calidad de vida de la población femenina mexicana.
Para Olimpia Flores, presidenta del Consejo Consultivo, la titular del Inmujeres, Patricia Espinosa, está en una actitud autista. «No sabe atender y mantiene una relación discrecional y unilateral dentro del organismo».
La diputada del Partido Revolucionario Institucional, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consideró que la encargada, no ha impulsado la transversalidad de género en las políticas públicas.
Dijo que al interior del Instituto, «no hay gobernabilidad y existe poco profesionalismo y eficiencia en la realización de proyectos que se caracterizan por una falta de conocimiento y sumisión a la hora de tomar decisiones».
Además, reveló la consejera, en meses recientes, han cambiado cargos en las direcciones varias veces. «Existe un clima de terror en el trabajo pues no se admite la disensión. La pluralidad se ha polarizado».
NO HAY VOZ
En tanto, la vocal permanente de la Junta de Gobierno del Inmujeres, e integrante del Consejo Social, Malú Micher, actual diputada federal electa del Partido de la Revolución Democrática, señaló que el organismo es resultado de la lucha ardua del movimiento amplio de mujeres, de crear una institución que incluya la perspectiva de género.
Consideró que se debe hacer un análisis del alcance que tiene, pues actualmente es una instancia que no ejecuta sino que sólo propone ante el ejecutivo federal. «Falta mucho por hacer».
Por ejemplo, afirmó, en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, no se tuvo la suficiente fuerza ante el presidente de la República, y las instancias encargadas de la procuración de justicia tanto federales como estatales, para que intervinieran en esos hechos violentos que se ejerce hacia la población femenina de la entidad. «No tuvo la fuerza para alzar la voz», lamentó.
Dijo que el Inmujeres conoce poco de lo que se está haciendo en las diferentes secretarías o instancias de gobierno, a través de las direcciones encargadas de vigilar que se estén cumpliendo las disposiciones a favor de las mujeres.
Micher señaló que recién se han dado a conocer cifras de la pobreza en nuestro país. «En ningún momento, hemos visto o escuchado que Patricia Espinosa, haya hecho un llamado para proponer un programa emergente dirigido a la población femenina. Debe abrir más sus oídos y escuchar la critica de la ciudadanía».
BUENOS RESULTADOS
Por su parte, la vocal del Inmujeres Tatiana Clouthier, ahora diputada federal electa por la segunda circunscripción del Partido Acción Nacional, refirió que el organismo, nace con la finalidad de ir buscando la equidad y crear una cultura con respecto a la equidad de género.
Aseguró que se está avanzando en la lucha de ir creando conciencia en las metas de la administración pública. «Avances como el de evitar a nivel federal el examen de no gravidez, que es un hecho que se relaciona con el respeto a los derechos de las mujeres».
Para ella, la integración de la junta de gobierno del Inmujeres, es muy grande e inoperante, consideró que dentro de los consejos hay más representatividad del centro de la República, y sólo hay presencia de 15 entidades.
ORGANISMOS CIVILES
Integrante del Consejo Social del Inmujeres, Norma González dijo que es necesario fortalecer el liderazgo de la presidencia del organismo para poder influir de manera efectiva en las políticas públicas.
Desafortunadamente, apuntó, «no veo a Patricia Espinosa, como la responsable de los asuntos de las mujeres en este país. No creó que el señor presidente considere su opinión. Tal vez me equivoque, pero en la práctica no se ve su influencia».
La también directora de la asociación civil Pro Salud Sexual y Reproductiva en Monterrey, Nuevo León, resaltó que también hay un reto pendiente del movimiento feminista, el que éste acuerde con la titular del Inmujeres, para «hacer frente común e impulsar políticas públicas a favor de la población femenina de nuestro país».
Por su parte, Diana Alvarez, integrantes del Consejo Consultivo, detalló que en el Inmujeres faltan crear los mecanismos necesarios para saber cómo se están cumpliendo sus objetivos así como conocer si la perspectiva de género está en todos los programas gubernamentales.
En ese sentido, la coordinadora del Centro de Atención de la Mujer Trabajadora de Chihuahua, dijo que debería de tener mandato constitucional para que sea obligatoria, la perspectiva de género, en la política gubernamental y obligue a todas las secretarías de Estado a implementarlo.
Así, el balance es poco favorable hacia el organismo que en el ejercicio de la pluralidad, de la inclusión y el consenso, a través de alianzas estratégicas, debería impulsar y promover acciones favorables hacia la población femenina de nuestro país.
2003/RO/MEL
