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Desata polémica iniciativa para tipificar violencia obstétrica

Por Anaiz Zamora Márquez
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Activistas por los derechos sexuales y reproductivos consideraron limitada una iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en Zacatecas, para sancionar la violencia obstétrica hasta con seis años de prisión, por lo que demandaron que sea rechazada. 
 
En redes sociales surgió la inconformidad de organizaciones civiles que acusaron que la diputada local panista María Guadalupe Medina Padilla –autora de la iniciativa– criminaliza al personal de salud, antes que proponer medidas de tipo administrativo y de política pública que refuercen el marco normativo y de Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
Y es que para argumentar su propuesta –presentada en el pasado periodo de sesiones del Congreso local y turnada a la Comisión de Salud –, la diputada retomó de manera textual y sin dar el crédito correspondiente, partes sustanciales del informe “Omisión e indiferencia”, elaborado por el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), lo que también desató la molestia de las activistas.
 
Así, las feministas iniciaron una campaña en redes sociales para exhortar al Congreso zacatecano a no aprobar la iniciativa, toda vez que –afirmaron– resulta “contraria” a las propuestas de organizaciones civiles para detener la violencia obstétrica en el país.
 
En la iniciativa –consultada por Cimacnoticias– Medina Padilla propone adicionar el Capítulo I al Título Décimo Segundo del Libro Segundo y el artículo 232 “ter” al Código Penal estatal, para tipificar la violencia obstétrica.  
 
Plantea ocho supuestos para la violencia obstétrica. El primero establece que comete este delito “quien no atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas”.
 
Los siguientes supuestos se refiere a quien “altere el proceso natural del parto de bajo o alto riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario”; quien no obstante de existir condiciones para el parto natural practique el parto por vía de cesárea; quien acuse o presione psicológica u ofensivamente a una “parturienta” con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad.
 
Comete violencia obstétrica quien sin causa médica justificada, “obstaculice el apego del niño o la niña con su madre, mediante la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente después de nacer”; y quien obligue a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas.
 
Finalmente, la iniciativa panista considera violencia obstétrica practicar la esterilización forzada; y colocar el dispositivo intrauterino, o algún otro, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
 
De aprobarse la iniciativa, a quien realice las conductas señaladas en los cuatro primeros supuestos se le impondrían de tres a seis años de prisión y multa de hasta 300 días de salario; y quien incurra en los otros supuestos sería sancionado con prisión de seis meses a tres años y multa de hasta 200 días de salario.
 
MOLESTIA CIUDADANA
 
En su informe “Omisión e indiferencia”, GIRE señala que antes de criminalizar deberían buscarse medidas de tipo administrativo y de política pública que refuercen la defensa de los DH, y en su caso tendría que sancionarse por la vía administrativa o civil.
 
“En este sentido, se debe considerar un tipo penal, de forma que sancione sólo ciertas conductas de violencia obstétrica, tales como la esterilización forzada”, se lee en el informe.
 
Agrega: “La penal no es una vía idónea para evitar prácticas de violencia obstétrica, ya que predispone a los médicos y no promueve un cambio de mentalidad ni de políticas públicas sobre parto humanizado”.
 
En redes sociales, las activistas apuntaron que estas propuestas no fueron retomadas por la diputada María Guadalupe Medina en su iniciativa para tipificar la violencia obstétrica.
 
 
GIRE y especialistas en salud han denunciado en múltiples ocasiones los recurrentes malos tratos, deshumanizaciones, descalificaciones y negación de servicios que enfrentan las mexicanas durante el embarazo parto y puerperio, y que afectan en mayor medida a las mujeres indígenas o de escasos recursos.
 
En un foro nacional en 2014 sobre el tema, Roberto Castro, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, sostuvo que la solución a este flagelo va mas allá del despido o penalización del personal de salud, pues las agresiones contra mujeres durante sus embarazos y partos son un reflejo de la violencia institucional, las fallas estructurales del sistema sanitario, y la falta de política pública con visión de género.
 
Cimacnoticias buscó una entrevista con la diputada Medina Padilla para conocer su opinión al respecto, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.   
 
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