La propuesta para tipificar como un delito la violencia obstétrica en el estado de Oaxaca, ha desatado una polémica entre activistas por los derechos reproductivos de las mujeres y el sector médico que considera que «se criminaliza» su labor.
A lo anterior se suma el desconocimiento de las propias autoridades de salud estatales sobre la iniciativa en ese sentido presentada el pasado mes de agosto por el gobernador Gabino Cué.
En la exposición de motivos del proyecto de reforma al Código Penal del estado se establece que la violencia obstétrica en la entidad ha permanecido «oculta y silenciada, disfrazada de normalidad o incluso manejada como una forma de proteger la vida de las mujeres».
En la propuesta de modificación al artículo 409 del Código Penal se define a la violencia obstétrica como «el acto u omisión que llevan a cabo el personal médico, cirujanos y demás profesionistas similares, técnicos auxiliares, parteras y médicos tradicionales que en el ejercicio de su profesión u oficio, causen daño al cuerpo, la salud física o psicológica, así como a los procesos y decisiones reproductivas de las mujeres».
Hasta ahora sólo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz estipula y castiga desde 2008 la violencia obstétrica.
DEBATE
La coordinadora de Consorcio para el Dialogo Parlamentario, filial Oaxaca, Ana María Hernández Cárdenas, aseguró que hay evidencia científica reciente que muestra que en las instituciones de salud del estado hay prácticas médicas en la atención del parto que son «obsoletas y dañinas para la salud de la madre y del bebé».
La activista informó que en el estado, entre 2002 y octubre 2011, se registraron 619 muertes maternas, de las cuales el 75 por ciento ocurrió en una institución de salud o en localidades donde se contaba con un hospital.
Asimismo, denunció, la cifra de cesáreas en el sector público aumentó de 27 a 35 por ciento entre 2005 y 2010. «Cada cesárea le cuesta al sector salud 23 mil pesos, según el programa Arranque parejo en la Vida», refirió.
Ante esta situación, Ana María Hernández consideró que es prioritario impulsar leyes que protejan los Derechos Humanos de las mujeres, tanto en centros urbanos como en medios rurales.
La dirigente de Consorcio manifestó su sorpresa por la reacción entre los colegios de médicos e instituciones académicas, ante la propuesta del gobernador para tipificar la violencia obstétrica.
No obstante, calificó como positivo que haya un debate científico y razonado sobre «un tema de la más alta prioridad para la sociedad oaxaqueña, como lo es el derecho de las mujeres a la atención del parto en condiciones de absoluto respeto y sin violencia obstétrica».
OPOSICIÓN
Integrantes de 44 colegios médicos del estado se pronunciaron contra la iniciativa pata tipificar la violencia obstétrica, al considerar que «atenta contra la libertad del ejercicio profesional y criminaliza las acciones médicas».
El presidente del Colegio Médico de Oaxaca, Víctor Navarro, se opuso a esta iniciativa, e informó que con el resto de sus colegas existe un frente común para mostrar su rechazo.
En rueda de prensa lamentó que esa iniciativa no haya considerado la opinión de los especialistas en la materia, además de poner en entredicho el desempeño de los profesionales de la salud. Propuso que en vez de penalizar el ejercicio médico, se requiere un centro de enseñanza y capacitación para cambiar algunas prácticas médicas.
Lo único que se va a lograr, si se aprueba esta iniciativa, es que se deshumanice la práctica médica. Nadie va a querer atender a las personas por miedo a meterse en un lío legal, advirtió.
DESCONOCIMIENTO
Para complicar más el asunto, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio, dijo que desconoce el contenido de la iniciativa del gobernador para tipificar la violencia obstétrica.
En su comparecencia anoche ante el Congreso local, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno, el funcionario aseguró que no estaba enterado de la propuesta y que sólo sabía que diversas instancias estaban opinando sobre el tema. Desafortunadamente, remarcó, esa iniciativa llegó a la 61 Legislatura estatal «sin que yo hubiera sido consultado».
En entrevista con Cimacnoticias, la presidenta de la Comisión Permanente de Equidad y Género, Ivonne Gallegos, se comprometió a escuchar todas las posturas sobre el tema anteponiendo los derechos de las mujeres y los médicos.
Adelantó que se valora convocar a la Comisión de Arbitraje Médico, los servicios de salud del estado, catedráticos, y organizaciones no gubernamentales para debatir y mejorar la iniciativa de reforma.
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