La secretaria técnica del Centro Nacional de Prevención de vih/sida e infecciones de transmisión sexual (Censida), Griselda Hernández, descartó la compra masiva de antirretrovirales para las dos mil personas que perdieron el derecho a la seguridad social y que serán atendidos en la Secretaría de Salud (Ssa).
En tanto que Laura Hernández, responsable del programa de vih/sida del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, opinó que el anuncio de la Secretaría de Salud en el que se comprometió a destinar los recursos necesarios para enfrentar la emergencia, «es una solución apresurada para atender el bomberazo» que deslinda de su responsabilidad al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Tras asegurar que el IMSS actúa en el marco de la ley, la funcionaria de Censida explicó a cimacnoticias que para poder entregar antirretrovirales a quienes perdieron la derechohabiencia, la Ssa utilizará un presupuesto que hasta ahora no había ejercido, aunque dijo desconocer su monto.
No obstante, calculó que al año se requieren al menos 200 millones de pesos para garantizar atención médica a estos dos mil exderechohabientes del IMSS.
Griselda Hernández dijo que hasta el momento se cuenta con una lista –aunque no desagregada por sexo–, de quienes podrán recibir los tratamientos cuyos costos dependerán del estado de salud en que se encuentre cada uno de ellos, al estimar que cada mes, podrían gastarse de tres a siete mil pesos por cada tratamiento.
La funcionaria aclaró que una vez que estos pacientes queden inscritos en los servicios de atención para el vih/sida ofrecidos por la Ssa, en todas las entidades federativas se les garantizará la atención permanente, ya que no debe pasar un solo día sin que estos pacientes reciban sus medicamentos.
Sin embargo, hizo ver que el próximo año se buscarán nuevas estrategias para la obtención de recursos que garanticen el tratamiento a quienes viven con el virus en el país.
Por su parte, Laura Hernández, dijo que si bien se está dando una solución administrativa al problema, éste no se resuelve de manera estructural al desconfiar del carácter permanente de los tratamientos que recibirán los exderechohabientes del IMSS.
Reiteró que el IMSS es el responsable de la atención de los pacientes con sida que han perdido la derechohabiencia, porque «los derechos humanos no pierden su vigencia ni pueden ser retroactivos».
Adelantó que la entrega de expedientes del IMSS a las personas seropositivas –requisito para con lo que podrán acreditar el padecimiento ante la Ssa– podría retrasar los tratamientos debido a la burocracia.
Con relación al anuncio hecho por el centro en el sentido de que promovería por la vía legal la defensa de personas que viven con vih/sida cuyos tratamientos fueron suspendidos por el IMSS, indicó que esperarán a que los afectados fijen su posición al respecto.
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