La impunidad que prevalece en el 99 por ciento de los casos de asesinatos de mujeres en Guatemala, se debe al desconocimiento de operadores de justicia e investigadores, de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra las Mujeres, consideró Angélica Valenzuela.
La integrante del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM), aseguró que muchos funcionarios desconocen los contenidos de la ley y su forma de aplicación; muchas veces los procesos son investigados como homicidios o asesinatos, cuando se podría hacer uso de la Ley contra el Femicidio para sentar precedentes en el país.
A pesar de que la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra las Mujeres, promulgada por el Congreso de la República en mayo de 2008, es considerada una norma pionera a nivel mundial por tipificar el femicidio y por sentar precedentes para el debate de la problemática en el ámbito local y regional, en la práctica no opera en forma óptima.
El femicidio es la forma más extrema de violencia contra una mujer; la ley la define como la muerte violencia de una mujer por razones relacionadas a su género y usualmente en dichos casos se encuentra implícita la violencia sexual, la tortura y la mutilación.
Walda Barrios de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), aseguró que las víctimas son principalmente trabajadoras, estudiantes y jóvenes que forma parte de la población económicamente activa.
Un mensaje subyace al conocer ese tipo de crímenes: la mujer debe quedarse en el hogar, porque ahí estará segura; existe una correlación entre el aumento del índice de la participación de las ciudadanas y el elevado número de asesinatos, añadió Barrios.
De acuerdo con datos del Ministerio de Gobernación, en el 2009 se registraron 847 muertes violentas de mujeres y aproximadamente 4 mil 300 casos de violencia sexual; en lo que va del 2010, se han conocido 152; pocos son los procesos que han alcanzado llegar a los tribunales y escasos los que han logrado una sentencia condenatoria.
El movimiento de mujeres ha denunciado en distintas ocasiones que también existe discriminación de género a la hora de investigar los casos, situación que fue verificada por la Relatoría de la Mujer de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el 2005.
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