Es muy grave la acusación de que Industrial Minera México (IMMSA) tiene la extensión de sus oficinas en Abraham González No. 48 colonia Juárez en la ciudad de México donde despacha actualmente Fernando Gómez Mont, actual Secretario de Gobernación (Segob), hasta hace poco su asesor jurídico.
Hasta antes del 9 de noviembre de 2008 el que fuera designado titular de Segob, Fernando Gómez Mont era abogado de IMMSA y acudía con cierta frecuencia a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) representando los intereses de esa empresa; allí eran evidentes sus coincidencias con Javier Lozano contra los intereses del sindicato minero.
La llegada de Gómez Mont como responsable de la política interna del país representaba una esperanza de conciliación para resolver el conflicto minero; su designación, de manera coincidente, representó una mayor confrontación y el uso desde el gobierno de métodos legales muy cuestionados.
Las cuentas del sindicato minero fueron embargadas sin juicio previo, se detuvo sin pruebas a dos dirigentes de su comité ejecutivo y se declaró por tercera ocasión la inexistencia de la huelga de Cananea, decisión que luego fue revertida por un juez de Distrito.
Sin embargo, la reciente resolución del 14 de abril de 2009 declarando la terminación de las relaciones individuales de trabajo de los trabajadores de Cananea y desconociendo de facto su huelga, es un hecho sin precedentes que rebasa todo límite de autoritarismo.
Nunca antes se había emitido un laudo que terminara con las relaciones laborales de un grupo de trabajadores para desconocer por esta causa una huelga. Simplemente la ley laboral no lo prevé.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con inaudita rapidez, resolvió en menos de 24 horas la petición de IMMSA para anular los contratos de trabajo de los mineros, mientras que la STPS festinaba en un boletín de prensa el supuesto final de la huelga.
Ahora las autoridades laborales en coordinación con la Segob y la Secretaría de Seguridad Pública se aprestan a rescatar las instalaciones y devolverlas a la empresa Minera de Cananea, filial del Grupo México.
No importando que la huelga legalmente exista se pretende emplear el uso de la fuerza pública y aplicar todo el rigor del Estado para acabarla.
El uso de la violencia contra los huelguistas sería una decisión torpe, porque el conflicto en vez de aminorarse se agravaría aún más.
Ejercer el derecho de huelga no es un delito ni a los huelguistas se les puede dar el tratamiento de delincuentes. No existe justificación legal para retirarlos de las instalaciones de Minera de Cananea porque ellos son depositarios legales de la empresa hasta que termine la huelga.
La resolución emitida por el gobierno mexicano a través de la JFCA es contraria al Artículo 447 de la ley laboral porque: «la huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure». Por tanto no se pueden terminar los contratos de trabajo de ninguna manera.
El Artículo 469 de la Ley Federal del trabajo establece únicamente cuatro causales para terminar una huelga: 1) el acuerdo en los trabajadores huelguistas y los patrones, 2) Si el patrón se allana a las peticiones obreras y paga los salarios caídos,3) el laudo arbitral de un tercero 4) el laudo de la junta de conciliación y arbitraje «si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión».
Ninguno de estos cuatro supuestos se dan en la huelga de Cananea y por ello no es posible desconocerla de ninguna forma. El materializar la negación de este derecho constitucional traería graves responsabilidades contra los funcionarios que las resolvieran y aplicaran. No sólo responsabilidades administrativas, como su inhabilitación o destitución sino incluso de carácter penal.
Por más impunidad que se presuma ahora, la justicia algún día tendrá que imponerse.
En Cananea no solo los mineros huelguistas resisten; sus esposas durante estos 22 meses han creado organizaciones de solidaridad en las ciudades cercanas para lograr apoyo a este movimiento. A las mujeres se les ve en las asambleas de pueblos cercanos, en las calles, en todo lugar pidiendo apoyo para el movimiento.
Los huelguistas y las familias de Cananea están dando muestras de dignidad a esos burócratas que ahora sirven a interés privados en contra del interés social.
* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del Consejo Directivo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
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