Los resultados preliminares de la auditoría que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) al Comité Nacional Provida por el mal uso de 30 millones de pesos que recibió de la Secretaría de Salud (SS) en 2003, coinciden en un 95 por ciento con la investigación ciudadana que denunció el fraude.
En una reunión con los grupos de la sociedad civil que denunciaron las irregularidades, el titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, se comprometió a entregar a más tardar en 15 días, los resultados de la investigación gubernamental.
El funcionario señaló que la investigación oficial al grupo Provida, que se inició desde enero pasado, se encuentra en proceso de evaluación jurídica y coincide hasta ahora en un 95 por ciento con los resultados de la investigación ciudadana.
Con la auditoría de las ONG se descubrieron actos de corrupción y fraude en el gasto que hizo la organización de Jorge Serrano Limón con los recursos destinados a construir 10 clínicas antiaborto los llamados Centros de Ayuda para la Mujer (CAM).
Los 30 millones de pesos fueron recortados del presupuesto aprobado para VIH/Sida de manera unilateral por el ex diputado del PAN Luis Pazos.
Romero Ramos destacó que la auditoría ciudadana establece un precedente importante en caso de que se finquen responsabilidades contra los involucrados.
Aseguró que se creará un mecanismo para recuperar los 30 millones de pesos, en vista de las irregularidades cometidas por Provida.
El secretario reconoció la labor de esas organizaciones que han "abierto brecha" en la revisión de las cuentas del gobierno, y cuyo trabajo refleja una nueva relación entre los gobernantes y la ciudadanía.
El titular de la SFP se reunió con representantes de las organizaciones civiles Equidad de Género, Fundar, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Salud Integral para la Mujer, Grupo de Información en Reproducción Elegida, y Letra S.
En el encuentro, las ONG entregaron una carta al funcionario para exigir que en breve se den a conocer los resultados de la auditoría, se deslinden responsabilidades administrativas y penales a las que haya lugar por el desvío de los recursos públicos.
La auditoría de los grupos civiles a Provida, organización contraria a políticas oficiales como la anticoncepción de emergencia y el aborto legal, reveló que el grupo ultraconservador usó gran parte del dinero en publicidad y artículos suntuarios como tangas, ropa exclusiva y plumas fuente, entre otros.
Otras investigaciones han revelado que Provida realizaría abortos clandestinos en el CAM de Ciudad Netzahualcóyotl.
2004/RM/LR/SM
