Desde 2013 hay más violencia de género en AL y el Caribe

A dos años de la aprobación del Consenso de Montevideo –acuerdo regional signado en 2013 para poner en el centro de las políticas públicas a la igualdad de género–, en muchos países hay retrocesos que se traducen en el incremento de la violencia contra las mujeres, de la muerte materna, el embarazo en adolescentes, y de la transmisión del VIH entre la población femenina, denunciaron activistas.
 
Hoy, durante los trabajos de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina (AL) y el Caribe –que se realiza en un hotel capitalino–, Josefina Valencia, integrante de la organización civil El Closet de Sor Juana, leyó el posicionamiento feminista que llama a los Estados a realmente implementar el contenido del Consenso de. Montevideo, y aprobar indicadores adecuados para evaluar el cumplimiento del acuerdo.
 
El posicionamiento es resultado de los trabajos del Foro Social Feminista, que se realizó de forma paralela a la Conferencia Regional, con la presencia de más de 200 mujeres de AL y el Caribe y en el cual defensoras de Derechos Humanos (DH) y representantes de grupos civiles debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la población femenina, y las formas en las cuales las naciones deben apropiarse del contenido del Consenso.
 
Durante el Foro Social se señaló que muchas de las problemáticas de la región “tienen rostro de mujer”, y se puso como ejemplo que AL y el Caribe es la segunda zona en el mundo con mayor fecundidad en adolescentes, sólo superada por África Subsahariana, pues se estiman 68 nacimientos en jóvenes de 15 a 18 años por cada mil adolescentes de ese rango de edad.
 
Otro punto de preocupación para las feministas es que a nivel regional 43 por ciento de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, 35 por ciento de violencia sexual, y 31 por ciento de las mujeres carece de ingresos propios.
 
Mientras que de los 4.4 millones de abortos que se realizan en AL y el Caribe, 95 por ciento son inseguros y de ellos, 13 por ciento de las mujeres mueren por estas prácticas inseguras.
 
El Foro Social emitió un pronunciamiento en el que se recordó a las y los representantes de los Estados que el Consenso de Montevideo no sólo ratificó los principales compromisos y acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Programa de Acción de El Cairo, así como la Plataforma de Acción de Beijing, sino que también representó avances importantes para la región.
 
Por lo que la Segunda Reunión que se lleva a cabo es “primordial”, pues con ella se espera la aprobación de una “Guía operacional” para avanzar en el cumplimiento del Consenso.
 
“Cada indicador deberá ser desagregado por edad, sexo, género, raza y etnia; toda población sujeta de derechos deberá hacerse visible, y cada actor del desarrollo ser partícipe de la implementación”, apuntó el movimiento feminista.
 
Ello al enfatizar que es “grave que esta agenda, ambiciosa e innovadora, aún no se haya traducido en avances sustantivos y que, incluso, en algunos países haya retrocesos” que se traducen en violencia de género, crímenes de odio, mortalidad materna, y el aumento del embarazo en adolescentes y de la transmisión del VIH en mujeres. 
 
“Los derechos sexuales y los derechos reproductivos siguen sojuzgados. Las mujeres siguen siendo violentadas por el ejercicio de su sexualidad, siguen enfermando y muriendo a causa de los abortos inseguros; las que viven con VIH y las indígenas siguen siendo esterilizadas en contra de su voluntad. No se ha garantizado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ni a la educación integral de la sexualidad”, denunciaron.
 
Al mismo tiempo –abundaron– la organización social de los cuidados sigue basándose en la sobrecarga de trabajo de las mujeres y niñas, y no es considerada ni en los análisis ni en las políticas macroeconómicas.
 
Hay países en los que se criminaliza la defensa de los DH y la protesta social. “América Latina está indignada por los femicidios y por las miles de desapariciones forzadas, incluida la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¡Exigimos verdad y justicia!”, se escuchó en la tribuna.
 
También manifestaron su preocupación ante el hecho de que a partir de la clasificación de varios de los países de la región como de “Renta Media”, la cooperación internacional esté abandonando al continente, lo que se traduce en que muchas de las organizaciones civiles que han impulsado los cambios carezcan de recursos.
 
Al señalar que el Consenso de Montevideo es “más ambicioso e integral” que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – recientemente aprobados por la ONU–, las feministas llamaron a que la implementación de la Agenda 2030 se base en las realidades regionales, y se tome en cuenta el contenido de los acuerdos de cada región.
 
La sostenibilidad de la agenda “sólo será posible si se reconoce – como sujetas de derecho– a las personas con discapacidad, con VIH, adultas mayores, migrantes, trabajadoras, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales; garantizando su empoderamiento, creando alianzas intergeneracionales y mecanismos de participación ciudadana con enfoques descentralizados”.
 
Finalmente llamaron a que la resolución que se apruebe esta semana en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de AL y el Caribe esté a la altura de los avances logrados, y que institucionalice mecanismos para la rendición de cuentas transparentes, incluyentes y participativos.
 
“Es momento para la rendición de cuentas. Es momento para la participación ciudadana. Es momento para comprometer recursos. Es momento para la garantía de todos los derechos para todas las personas a lo largo de toda su vida. (…) Repetimos lo que dijimos hace dos años en la Primera Reunión de la Conferencia: no queremos desearnos mutuamente un buen futuro. ¡Queremos que el futuro empiece ya!”.
 
La Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo es organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el gobierno de México a través del Consejo Nacional de. Población (Conapo).
 
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