La despenalización del aborto en el Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa a partir del 24 de abril del año pasado, puso en alerta a grupos conservadores, que intentan por medio de la propaganda en la calle y en el transporte público de la capital convencer a las mujeres para que no acudan a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Calcomanías y volantes en andenes y trenes del Metro que cuestionan las salidas «fáciles» para los «embarazos inesperados», bajo el lema «la salida fácil puede tener consecuencias difíciles» y líneas telefónicas 01800 «de ayuda» que remiten a una línea del gobierno del estado de Guanajuato son algunas de las estrategias utilizadas para mermar el éxito de la ILE, a la cual han acudido hasta hoy 5 mil 830 mujeres.
La mujer que marca el número 01800MUJER será escuchada por una psicóloga que le aconsejará sobre las opciones que tiene para no abortar en el Distrito Federal, a pesar de que la línea es del gobierno panista de Guanajuato.
Remiten a supuestas clínicas del Distrito Federal en las que no se realiza la ILE, sino se convence a la mujer de llevar a término el embarazo y en determinado momento, si desea, dar en adopción al bebé. Pero la primera opción es no acudir a la ILE.
Mariana Flores, usuaria del Metro, dice que esas líneas de ayuda sólo confunden a las mujeres que tienen que tomar una decisión importante, pues no brindan una ayuda imparcial.
Opina que si la ayuda psicológica se brindara sin ninguna doble intención, serviría mucho, pero cuando inducen a la mujer a que tome una decisión que tal vez no le convenga, pues no se vale.
Por otro lado Liz García, quien por curiosidad tuvo la oportunidad de hablar a esa línea asegura que de haber estado realmente metida en un problema así no le hubiese servido de nada la línea, pues pidió hablar con la psicóloga y siente que lo que le dijo no le ayudó.
CASA, COMIDA Y COMPUTACIÓN
La estrategia no es nueva, pues la practican desde hace tiempo grupos conservadores, como asociaciones privadas o algunos gobiernos estatales priistas y panistas de todo el país para que las mujeres no interrumpan su embarazo, ofreciéndoles dinero, casa, comida y hasta clases de computación. Y ahora recurren a estas técnicas en el Distrito Federal, donde la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas de gestación ya no es un delito.
Apenas el 31 de enero pasado, el gobierno priista de Coahuila lanzó el programa Si a la Vida para desalentar la práctica del aborto mediante promesas ayuda económica y psicológica, atención médica, albergue, estudios y empleo para las mujeres. Y en Coahuila, el DIF estatal anunció el apoyo a las mujeres para que sus hijas o hijos no deseados sean adoptados.
Asociaciones como Vida y Familia AC (Vifac) ofrecen a las mujeres que decidan no abortar, casa, comida, clases de computación, cocina, tejido, costura, manualidades, cultura de belleza, asesoría para el autoempleo, todo en caso de que no tengan un medio para sostenerse.
Además, brindan asesoría legal, atención médica, orientación psicológica, emocional y de formación humana. Sin embargo, nunca está la opción de interrumpir el embarazo y aseguran que brindarán el apoyo necesario para que, con toda la información, y en un ambiente reflexivo y de recogimiento interior la mujer tome la decisión más importante: conservar a tu hijo o darlo en adopción.
En caso de que la mujer decida la interrupción, estas asociaciones retiran todo el apoyo antes brindado, pues sólo auxilian a las mujeres que decidan dar a luz, quedarse al bebé o darlo en adopción.
De la misma forma funciona el Centro de Apoyo a la Mujer, que utiliza las mismas técnicas para influir en la decisión que la mujer quiera tomar. Dicen que su objetivo es informar acerca de los problemas y consecuencias reales, tanto físicas como emocionales que encierra el aborto para la mujer y el núcleo familiar, ofreciendo alternativas a la solución de sus problemas.
POR EL DERECHO A DECIDIR
Pero conforme se acerca el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el juicio de inconstitucionalidad que promovieron la PGR y la CNDH contra la ILE, otras organizaciones, como la Asociación Nacional Andar por el Derecho a Decidir, difunden en los mismos espacios, pero en menor medida, información sobre los hospitales públicos del Gobierno del Distrito Federal (GDF) donde se aplica la norma.
En la estación del Metro Rosario, por ejemplo, decenas de jóvenes vestidas con pantalón de mezclilla y camiseta blanca repartieron velozmente hace unos días un folleto impreso por ambas caras que pregunta ¿Embarazada? Y bajo el texto, un mapa de las líneas del Metro en donde se indica la ubicación de los hospitales del GDF donde se puede ejercer el derecho a la ILE. En la otra cara, el volante dice: «En el DF tienes las primeras 12 semanas para decir. Ya no es clandestino. La ley está de tu lado».
La misma asociación elaboró pequeños carteles adheribles para los vagones del Metro, que muestran a mujeres en situaciones diferentes (quinceañera, ama de casa, estudiante), pero con la misma preocupación ¿embarazada?
Además, otros carteles y propaganda en el transporte público informan de otras opciones para recurrir a la ILE, además de los hospitales públicos del Distrito Federal.
Y clínicas como Asistafem y el Centro de Interrupción Voluntaria del Embarazo (CIVE) son clínicas privadas que prestan sus servicios con la mayor discreción.
Algunas de estas clínicas dicen ajustarse a los precios estipulados a los que los hospitales oficiales han establecido. Información de la Secretaría de Salud del DF asegura que el costo de una ILE es de 3 mil 200 pesos si se utiliza medicamento y aspiración, y se eleva a 5 mil pesos si se requiere de medicamento más un legrado.
Pero mientras la propaganda conservadora contra la ILE fluye, junto a la discreta información de organizaciones y clínicas que brindan el acceso al derecho a decidir, la próxima semana el Gobierno del DF, a través de su Consejería Jurídica, iniciará reuniones con ministros de la SCJN ante la revisión de inconstitucionalidad de la ILE.
Se hablará con Olga María del Carmen Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz y Genaro Góngora Pimentel, informó Leticia Bonifaz, consejera jurídica del GDF.
08/JPyGG/GG/CV
