La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que carece de sustento legal la solicitud que le hizo la presidenta del grupo conservador Provida, Rocío Gálvez, para que se pronuncie en contra de la Anticoncepción de Emergencia (AE).
Fuentes consultadas de Comunicación Social del máximo tribunal judicial argumentaron que la petición hecha mediante una carta no se basa en una controversia constitucional, amparo u otro recurso legal.
Con ello, la campaña de desinformación iniciada contra la AE por la jerarquía católica, del dirigente nacional de Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Bravo Mena, y otros grupos conservadores como Provida, recibe un revés.
Como se sabe, la jerarquía católica profesó amenazas de excomunión a las mujeres que usen métodos anticonceptivos, luego de conocer que la NOM 005-SSA2-1993 obliga a los servidores públicos y privados de salud a informar y otorgar pastillas de emergencia para prevenir embarazos no deseados.
Información oficial señala que el 64 por ciento de las mujeres mexicanas activas sexuales, de entre 15 y 19 años, no usan métodos anticonceptivos, situación que se refleja en 450 mil nacimientos anuales de madres menores de 20 años.
En nuestro país, 16.1 por ciento del total de los nacimientos ocurre en mujeres menores de 20 años; en su mayoría se trata de embarazos no deseados que pueden ocasionar riesgos de salud, tanto en la madre como en el infante.
Con ello, desde hace tiempo los grupos ultraconservadores argumentan que la vida empieza desde la concepción y que millones de mexicanas en edad reproductiva no deben de utilizar ningún método de planificación familiar.
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