Luego de que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exhortaron al Senado a revisar la iniciativa de Ley de Migración, la Cámara alta hizo los cambios pertinentes para que la nueva legislación no criminalice este fenómeno social a través de la Policía Federal o de las denuncias anónimas.
Por unanimidad de 86 votos, el Senado aprobó cambios a la iniciativa por la que expide una ley migratoria. Durante la sesión de hoy en el pleno, los senadores discutieron más de 100 artículos que el martes 23 de febrero se reservaron después de aprobar en lo general la iniciativa de ley.
Antes de debatir los artículos reservados, las comisiones unidas de Población y Desarrollo, de Gobernación y de Estudios Legislativos, quienes elaboraron la ley, distribuyeron un nuevo documento donde se suprimieron varios de los artículos que causaron polémica entre las y los defensores de Derechos Humanos (DH).
La anterior redacción de la iniciativa señalaba en su artículo 126 que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, podría vigilar la entrada y salida de personas al territorio nacional y hacer revisiones migratorias, lo que a decir de organizaciones civiles criminalizaba la migración como lo hace la Ley Arizona de Estados Unidos.
Otro artículo que preocupaba a las organizaciones, y que desapareció, era el 151, el cual señalaba que el Instituto Nacional de Migración (INM) sancionaría a quien diera empleo a personas que no acreditaran su situación migratoria, o bien, ostentara documentación falsa, sanción que consistía en una multa de 500 a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Además se suprimió el artículo 94 que señalaba que el INM podría recibir y atender denuncias anónimas sobre gente migrante.
Organizaciones como Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California, Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana, Fundar y el Instituto para las Mujeres en la Migración, alertaron sobre estos temas.
Antes de la discusión en el Senado, las organizaciones difundieron un comunicado de prensa en el que consideraron pertinente desasociar la migración de la seguridad nacional, así como de la seguridad pública, e incluir en esta ley mecanismos que hicieran efectivo el derecho de acceso a la justicia de los migrantes.
Asimismo destacaron la importancia de incluir mecanismos para identificar a posibles víctimas de la trata de personas, potenciales solicitantes de asilo y a personas que, por razones humanitarias, no deberían ser rechazadas en una frontera o punto de entrada al territorio nacional.
Finalmente esta tarde el Senado aprobó en lo particular esta iniciativa de ley y la envió a la Cámara de Diputados para su ratificación.
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