Es falso que en México el principal contacto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sea la senadora Rosario Ibarra con la colaboración de Edgard Sánchez, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), afirmaciones que forman parte de una campaña de la derecha y su gobierno para criminalizar la protesta social y la solidaridad internacionalista.
Así lo señaló la senadora Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, en comunicado de prensa dirigido a los medios de comunicación que han asegurado lo anterior, en particular un diario mexicano que publicó además una foto de una supuesta fiesta de las FARC, donde aparece bailando Lucía Andrea Morett estudiante mexicana que resultó herida el 1º de marzo, cuando el Ejército colombiano atacó en territorio ecuatoriano un campamento de las FARC.
El artículo en mención salió publicado en el diario Excélsior, el pasado 10 de abril, con la firma de Jorge Fernández Menéndez, bajo el título «Ubican a dirigente sindical como el nexo con las FARC».
En el comunicado, difundido por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México(Afadem), se indica que quienes aparecen públicamente en esta campaña –incluso facilitando el trabajo de la policía al abrir una averiguación previa contra Lucía Morett y sus compañeros– son José Antonio Ortega y Guillermo Velasco Arzac, integrantes del grupo «Mejor sociedad, mejor gobierno».
«Ambos están claramente identificados y son las mismas personas que pagan los spots televisivos contra el movimiento en defensa del petróleo mexicano (donde se compara a Andrés Manuel López Obrador con Hitler y Pinochet), mismos que se reunieron con Álvaro Uribe en Cancún para meter una denuncia penal contra Lucía Morett y sus compañeros», denuncian.
De acuerdo con la aclaración que se hace en el comunicado, firmado por la senadora Rosario Ibarra y Edgar Sánchez, la Procuraduría General de la República (PGR) alega que se debe investigar a la estudiante mexicana Lucía Moret por la denuncia presentada por unos particulares ligados al Partido Acción Nacional (PAN).
Y agregan que José Antonio Ortega y Guillermo Velasco Arzac son militantes de la extrema derecha yunquista y que fueron a Cancún a coordinar su campaña con el presidente de Colombia Álvaro Uribe, representante de un gobierno señalado, afirman, como infiltrado por el terrorismo paramilitar y la narcopolítica.
ES ILEGAL LO QUE ES LEGAL
En la «campaña sucia» de estos días, señala el comunicado, destaca que el artículo también fue reproducido en un programa de televisión abierta.
Tanto el artículo como el programa de TV señalan a otras personas y compañeros, explica, «en una amalgama incoherente que solamente pretende demostrar que las FARC cuentan en México con una red de apoyo y supuestos simpatizantes o militantes que son guerrilleros y que viajan a los campamentos de las FARC a recibir entrenamiento».
No hay nada en la amalgama de datos y nombres citados en el artículo que demuestren la relación de las FARC con el narcotráfico en México más que el prejuicio difundido por el Procurador General, afirma el comunicado.
«Los datos y nombres de personas y organizaciones, así como la foto que ilustra el artículo –de una fiesta particular en México donde se ve a Lucía Morett–, obviamente no se encontraban en la supuesta lap top de Raúl Reyes, sino que son datos filtrados por la policía mexicana», apunta.
Es por ello, advierten, que no tenemos prisa en demandar al articulista o exigir derecho de réplica en el diario que lo publicó, pues entendemos que es parte de la campaña sucia de la derecha y que el autor del artículo no hizo investigación alguna sino «simplemente mezcla datos que le ofreció la policía para en forma amarillista generar histeria anti-FARC y contra los movimientos de solidaridad latinoamericanos en nuestro país».
Y agrega, se trata de una campaña mediática que quiere convencer de que es ilegal lo que hoy es legal y sobre todo legítimo, la solidaridad con los pueblos que luchan por la democracia y la soberanía nacional y contra gobiernos criminales, corrompidos por el narcotráfico y por el paramilitarismo terrorista, como es el caso del gobierno de Álvaro Uribe.
La senadora Rosario Ibarra, subraya: «No nos avergonzamos ni nos intimidamos con esta campaña negando nuestra convicción internacionalista y solidaria con las luchas de los pueblos latinoamericanos contra el imperialismo y sus gobiernos títeres». «Eso no es un delito», considera.
Es por ello que, remarca el documento: «No renunciamos a nuestro compromiso internacionalista e invitamos a todos los movimientos de solidaridad en nuestro país a no cejar y no dejarse intimidar por la campaña mediática de la derecha. No permitiremos la criminalización de la solidaridad internacionalista», finaliza el comunicado.
08/GT/GG/CV
