El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) aseguraron que ?contrario a lo que dicen las autoridades mexicanas? en el caso de la tortura sexual de las mujeres de Atenco, no se ha consignado a ningún responsable.
Ambas organizaciones difundieron un posicionamiento luego de que ayer en la sede de la ONU en Nueva York, el Estado mexicano afirmara, sin pruebas, que existen «avances» en la investigación por la violación sexual de 26 mujeres en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.
Lo anterior lo dijo el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, Joel Alfonso Sierra Palacios, durante la 52 sesión del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en la que se evaluaron las acciones del Estado mexicano para combatir la discriminación contra la población femenina.
Soledad Murillo de la Vega, experta del Comité de la CEDAW y relatora para México, cuestionó que a seis años de los hechos no hubiera ningún responsable sancionado, pese a que se comprobó la tortura sexual por parte de agentes del Estado mexicano.
El funcionario respondió ?en nombre de la delegación gubernamental? que en un primer momento detuvieron a 21 policías por abuso de autoridad y actos libidinosos, pero que posteriormente «todos obtuvieron su libertad».
Acto seguido, el representante del Estado anunció que las investigaciones por los crímenes cometidos en Atenco habían concluido en febrero pasado, y que se han hecho consignaciones solicitando órdenes de aprehensión, sin especificar en contra de quiénes o si se conoce el paradero de los presuntos culpables.
Ante estas declaraciones, el Centro Prodh y la OMCT difundieron un comunicado en el que desmintieron las declaraciones de Sierra Palacios, y destacaron que hasta ahora ni las mujeres de Atenco ni sus representantes legales tienen tal información.
El Centro Prodh ?que litiga el caso de 11 de las sobrevivientes de tortura sexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)? negó tener información de que la averiguación haya sido consignada a un juez, o que se hayan solicitado órdenes de aprehensión por actos de tortura.
El Centro Prodh y la OMCT criticaron que justo el día de la evaluación al Estado mexicano por parte del Comité de la CEDAW, la delegación oficial haya dado a conocer tales consignaciones, más aún si, tal y como afirman las autoridades, las investigaciones concluyeron en febrero pasado.
A seis años de la represión en Atenco, este anuncio se da en la ONU a escasos cuatro meses de que termine la gestión de Felipe Calderón, y a unas semanas de que concluya el proceso electoral tras el cual el ex gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, es el virtual presidente electo.
«En cualquier caso, la autoridad tiene la obligación de rendir cuentas, en primer término a las víctimas del delito de tortura sexual, informando a las denunciantes sobre el fin de las investigaciones y conclusiones que de éstas derivaran, así como de la supuesta consignación que hiciera de la averiguación previa», demandaron las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Para la sociedad civil se trata de buscar en las instancias internacionales el reconocimiento de una procuración de justicia inexistente. «Esto sólo demuestra el desdén del Estado mexicano hacia las mujeres, quienes, ahora, son víctimas de la impunidad, así como el doble discurso y política de simulación que caracteriza el actuar del Estado ante las instancias internacionales», acusaron.
El Centro Prodh y la OMCT exigieron al Estado mexicano haga del conocimiento de las denunciantes y sus representantes legales todos los datos y actualizaciones sobre el caso Atenco, para dar pasos al acceso a la justicia para las denunciantes, en vez de limitarse a dar a conocer tal información ante organismos internacionales.
Además confiaron en que ante estas inconsistencias el Comité de la CEDAW constate el incumplimiento por parte del Estado mexicano de las recomendaciones sobre el caso de las mujeres de Atenco emitidas en 2006, y que le reitere que tiene la obligación de hacer efectivo el castigo a los responsables.
12/AGM/RMB
