A Silvia Márquez, trabajadora de la gasolinera Servicio Valle de México, quien sufrió un accidente laboral en el que perdió dos tercios de una pierna, le negaron el acceso a terapias que requiere, por lo cual a través de Eduardo Díaz Reguera, su abogado, levantará una demanda contra la doctora Graciela Rodríguez Mendoza por el «mal trato» que ha dado a la paciente.
El 31 de mayo de 2006, Silvia estaba despachando gasolina en el establecimiento, ubicado en el kilómetro 17.5 de la autopista México-Puebla, cuando un camión de la empresa Santa María Astahuacan, SA de CV que venía a alta velocidad la embistió, quedando su pierna derecha atrapada entre la defensa delantera del camión y el tubo de protección de la bomba.
El chofer del camión, recuerda Silvia, en lugar de retroceder, aceleraba hacia adelante, fue entonces cuando su pierna se destrozó.
Y aunque, según Eduardo Díaz Reguera, abogado de Silvia, el accidente no fue provocado por el propietario de la gasolinera, Martín Gómez Robledo, éste no se ha responsabilizado como su patrón por los hechos ocurridos en su empresa.
De igual manera, Díaz Reguera demandó a Petróleos Mexicanos (Pemex), al ser un Órgano Público Descentralizado del Gobierno Federal que se dedica al procesamiento, refinamiento, distribución y venta del petróleo y sus derivados, y demás actividades relacionados con su objeto social, mismo que finalmente se beneficia del trabajo de los despachadores «propineros» como Silvia.
MAL TRATO
En la cuestión médica, explica Díaz Reguera, en entrevista telefónica con Cimacnoticias, la doctora de la aseguradora Qualitas le ha dado «un trato muy malo» a Silvia porque «más que médico parece que defiende los intereses de la aseguradora» y le ha negado a Silvia las terapias aún cuando sufre dolores pues la última operación que le practicaron fue hace un mes.
«La doctora pretende deshacerse del caso y llevarla al ortopedista. Le dice: `yo ya no tengo nada que ver contigo, ya no vengas, no te voy a dar terapia´» relata el abogado.
Por ello, indica, le pedí a Silvia que antes de denunciar a la doctora hablar con ella y con el doctor que directamente la atiende, quien dice que para él «sí hace falta más terapia pero no quiere enfrentarse a la doctora porque ella es la jefa y no quiere perder su trabajo. Tiene mucho temor».
Díaz Reguera le explicó a la doctora que él no busca que el seguro pague el total de la prótesis, sino que un financiador externo complete junto con Qualitas el total de la prótesis más apropiada para Silvia y la cual, a decir del abogado, tiene un costo de 595 mil pesos.
«Pero la doctora me dijo: hable con Silvia, hable con el ortopedista y yo ya no quiero saber nada del asunto».
Posteriormente, señala Díaz Reguera, Silvia se comunicó con la doctora, pero ésta le contesto: «ya no voy a verte, ya di órdenes de que no te atienda nadie, y te voy a mandar con el ortopedista».
Según Díaz Reguera, la doctora asegura que ya hizo dos presupuestos de la prótesis que debe usar Silvia, sin embargo, el abogado refirió que sólo conoce uno de los presupuestos, el cual es de 70 mil pesos.
«Para ella (la doctora) esa prótesis es más que suficiente porque, además, cuando Silvia le dijo que pretendía una prótesis de 595 mil pesos, la doctora le dijo que pedía demasiado, por eso cerró el caso diciéndole que ya no la iba a atender».
Por ello, Díaz Reguera adelantó que, tentativamente, la próxima semana levantará una demanda contra la doctora por mal trato y cuestionó su calidad como médico.
CAREO CON EL CHOFER
Díaz Reguera señaló que en días pasados se llevó a cabo el careo entre Silvia y el inculpado, el cual refiere que no tuvo la culpa, argumentando que «el piso estaba mojado».
Como es un careo, dice el abogado, «en su cara Silvia le dijo que no era cierto, que él llego a una velocidad exagerada y no se detuvo hasta estamparse contra su pierna y contra las bombas de gasolina y que pretendía prácticamente matarla porque le aceleraba y se hacia atrás y hacia delante».
«El único grado de arrepentimiento que yo vi (por parte del inculpado) fue que le dijo `discúlpame, no te vi´, fue todo, pero ella insistió en su declaración» con lo que se desahogó el careo.
Asimismo, el abogado señala que no conoce el alcance del contrato entre Qualitas y Santa María Astahuacan SA de CV, propietaria del camión que provocó el accidente. No obstante, indica, «quieren que me conforme diciéndome que ya no me pueden atender porque ya excedió el monto del seguro, entonces ya me encuentro muy limitado».
Por lo que Díaz Reguera establecerá, de manera general, con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) una intervención para que le den a conocer los alcances del contrato establecido entre Santa María Astahuacan y Qualitas.
En el aspecto laboral, dice Díaz Reguera, Víctor Juan Inocente Ortega, el abogado del patrón de Silvia, habló directamente con ella y la quiso convencer de que yo no estaba haciendo nada por ella y que le iba a cobrar mucho. «Silvia por supuesto no lo cree».
«La solución que me da Inocente Ortega es que él convence al patrón de que le pague los salarios que le debe, pero que me desista de esa parte. La propuesta no esta tan mal si pensamos que Silvia para sobrevivir tendría que percibir una parte del salario, entonces ella lo está pensando, pero la demanda que proseguirá es contra Pemex», asegura el abogado.
En ese sentido, según Díaz Reguera, Pemex no ha respondido a la demanda interpuesta en su contra.
Y de hacerlo, tal vez diga que la Junta Especial número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se encuentra el expediente de Silvia, debe declararse incompetente porque es el caso de una gasolinera y ellos no tienen nada que ver, apuntó el abogado.
Díaz Reguera argumenta en su demanda que Pemex, a través de la concesión que da de las franquicias, tiene un beneficio directo, por lo que apelará que hasta el fin del proceso se tome como una cuestión de fondo, toda vez que Pemex por tener el monopolio de la venta de combustible, dar las concesiones y revisar lo contratos de franquicia con los diferentes gasolineras, tiene un beneficio directo, así como responsabilidades.
Y si la Junta Federal número 7 se declarara incompetente, el expediente se pasa a otra Junta, con lo que el abogado buscaría un amparo pues «al declararse incompetente, la junta está prejuzgando que el carácter de Pemex no tienen ninguna responsabilidad», argumentó.
LA OTRA DEMANDA
Pero la demanda de Silvia no es la única que ha interpuesto Díaz Reguera contra Pemex.
Martha Carrillo Escalona era enfermera en el Hospital de Petróleos Mexicanos desde el 18 de octubre de 1984. El primero de septiembre de 1996 sufrió un accidente mientras movilizaba a un paciente, por lo cual sufrió un desgarre muscular.
Se levantó el acta del accidente de trabajo. Díaz Reguera señala que luego de los exámenes que el mismo Hospital le realizó, se le practicó en el nosocomio una «artroscopia» con la cual se le diagnosticó la ruptura de un ligamento, sin precisarle cuál ligamento.
Según el abogado, posteriormente el doctor José Antonio Vázquez García le realizó una operación «indebida» el 4 de noviembre, provocándole a Martha «distrofia simpática refleja» lo cual la ha incapacitado para desempeñar el puesto de enfermera de cuidados intensivos.
Por ello, a través de Díaz Reguera, Martha demandó a Pemex, ante la Junta Especial Número doce de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues a decir del abogado, Pemex «tiene la obligación de atender a sus trabajadores mediante el servicios médico por lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo».
Sin embargo, desde el 2000, Pemex ha dejado de atender a Martha, pues, dice el abogado, consideró desde un principio que se trataba de una enfermedad general con lo que le cubrió su salario hasta julio de 1997 y la atendió médicamente hasta la última operación el 29 de abril del 2000.
«Posterior a ello, le ha negado el servicios médico y por supuesto que desde el cuatro de julio de 1997 no le cubre el salario».
Actualmente, dijo Díaz Reguera a esta agencia, el proceso está en la etapa de desahogo de pruebas, principalmente las que determinan que Pemex es el único que tiene que dar un dictamen para reconocer a Martha como incapacitada.
«Está por venir la prueba pericial de ellos. La que yo ofrecí, y que se desahogó con peritos de la Junta Federal, ha determinado que sí hay causa y efecto entre el accidente que sufrió y la enfermedad que padece, ahora falta que Pemex determine qué grado de incapacidad tiene Martha», concluyó.
07/HVR/GG
