La despenalización del aborto es un acto de democracia, justicia social y de salud pública pero, sobre todo, el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres, coincidieron aquí legisladoras federales y locales, funcionarias y funcionarios del gobierno estatal y representantes de organismos no gubermanentales.
Al participar en el Foro sobre derechos sexuales y reproductivos: el derecho a decidir, que organizó el Colectivo Huaxyacac, se reconoció la necesidad de avanzar en la reglamentación de las cuatro causales que contempla el código penal local para no castigar el aborto, pues de lo contrario se viola un derecho constitucional de las mujeres y se castiga a las mujeres pobres.
La procuradora general de Justicia del Estado, Patricia Villanueva Abraján, sostuvo que, de manera independiente a su cargo, como mujer rechaza toda acción que violente «mi integridad física, mi cuerpo y mis emociones» y aseguró que la decisión de un aborto depende únicamente de las mujeres.
Se comprometió a llevar a la práctica y hacer efectiva las cuatro causales de aborto que establece el Código de Procedimientos Penales del Estado, una de ellas por violación, y apuntó que éste es un reclamo de las mujeres, por lo que ninguna autoridad en un Estado laico podría impedir su libertad a decidir.
Antes, durante su ponencia, Villanueva Abraján sostuvo que muchas mujeres «todavía no estamos satisfechas de los logros obtenidos» y admitió que todavía persiste la violación al derecho a la libertad sexual y la elección de embarazo, lo que, al igual que los actos violentos contra las mujeres, constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales del ser humano.
La violencia contra las mujeres nos lacera y exige transitar de respuestas fragmentadas a la prevención, atención y protección de manera más integral y eficaz, lo que llevó en mayo pasado a crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer. La funcionaria anunció en entrevista la creación de una policía especializada para la atención a estos casos.
La Fiscalía, apuntó la procuradora, actúa desde un enfoque con carácter coercitivo para quienes lesionan o vulneran los derechos de las mujeres, en especial contra quienes atentan contra el derecho a gozar de una salud sexual plena y contra el derecho de las mujeres derecho a decidir; derechos «históricamente vulnerados que excluyen a las mujeres y obstaculizan el ejercicio de su ciudadanía».
ABORTO, ENFERMEDAD DE LA POBREZA
Más tarde, el secretario de Asuntos Indígenas del gobierno estatal, Armando Contreras, hizo un recuento histórico de la lucha de las mujeres por obtener el derecho al aborto y aseguró que éste es una enfermedad de la pobreza.
Relató que en la región mazateca es costumbre decir a las mujeres que su destino es estar embarazadas todo el tiempo, porque cada ciclo menstrual es una vida que se pierde, lo que genera un problema de conciencia, pero también provoca que muchas mujeres mueran, ya que el promedio, en algunos municipios de la zona, es de 10 o más hijas e hijos.
Esa creencia, recordó, causo el rechazo hacia las campañas de planeación familiar, «pero hubo quien tuvo la ocurrencia de poner los anticonceptivos en la comida, lo que provocó problemas de esterilidad en muchas mujeres mazatecas».
¿Qué provocó? Que muchas mujeres se sumieran en la desesperación, pues su razón de vida, traer hijos e hijas al mundo, no podía ser cumplida y, por tanto -de acuerdo a su creencia- se irían al infierno.
Por ello, el secretario de Asuntos Indígenas demandó que las leyes reconozcan que existe un avance desigual entre las mujeres y que se entienda la problemática de las localidades, lo que exigiría la aplicación de políticas públicas focalizadas.
«El aborto requiere de una consulta permanente con la sociedad, a fin de que las decisiones de las y los legisladores estén lo más apegadas a la realidad social», puntualizó.
NO MÁS OBJECIÓN DE CONCIENCIA
En tanto, la diputada federal Martha Lucía Micher presentó la iniciativa de ley que modifica y adiciona la ley general de salud e incluye temas como infertilidad, objeción de conciencia -la cual, dijo, es individual y no institucional-, consentimiento informado, planificación familiar y anticoncepción.
La diputada federal perredista pidió a las legisladoras locales acercarse al diálogo con las organizaciones diversas que hay en la entidad para evitar que más mujeres sigan muriendo por interrumpir un embarazo dentro de la clandestinidad.
A su vez, la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Elsa Ancona Sánchez, señaló que para esta organización el aborto es un problema de salud pública y de justicia social, y no un delito; demandó que los agentes ministeriales no sean objetores de conciencia y que, en cambio, apliquen la ley conforme a derecho.
Por su parte, la representante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Ana María Hernández, dijo que la Agenda Oaxaca de las Mujeres por la Equidad contempla como aspiración ciudadana que se impulse con alta prioridad en la política legislativa la erradicación de la discriminación de género y de todos aquellos problemas que afectan a la mayoría de las mujeres oaxaqueñas, pues de lo contrario «no podemos hablar congruentemente de justicia, de igualdad de oportunidades y democracia».
En este foro, que se realizó en las instalaciones del Congreso del estado, participaron también Luz María Estada, de Católicas por el Derecho a Decidir; Aline Catellanos Jurado, del Colectivo Huaxyacac; y las diputadas locales Blanca Grajales Ornelas y Marcela Merino.
05/SJ/YT
