La periodista chiapaneca, Rosy Guadalupe Pérez, fue despedida en forma inesperada de la radio oficial chiapaneca, que además se niega a entregarle la liquidación que por ley le corresponde por órdenes del gobernador estatal, Pablo Salazar Mendiguchía, denunció hoy la afectada.
La reportera informó que mañana miércoles presentará una queja ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por la violación a sus derechos laborales y expondrá su caso ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Bertoni durante su visita a Chiapas en agosto próximo.
Rosy Guadalupe Pérez precisó que también dio a conocer su caso a la Fundación Manuel Buendía y a la Comisión Interamericana de Prensa, ya que además de despedirla sorpresivamente se niegan a pagarle la indemnización que le corresponde por sus años de trabajo.
La reportera ha recibido el apoyo de sus compañeros y compañeras de prensa al considerar su caso como arbitrario y como una clara violación a la libertad de expresión pero también porque significa un llamado de atención a regular a los medios de comunicación privados y gubernamentales.
La Red de Periodistas de Chiapas manifestó en una carta abierta que Rosy Pérez «fue sometida a una serie de censura y limitaciones editoriales para no darle espacio a las voces críticas hacia el gobierno de Pablo Salazar» hasta que la semana pasada fue despedida por el director del noticiero Reporteros en Acción, Augusto Solórzano «por órdenes del gobernador».
La reportera, madre de dos hijas, se ha visto de un momento a otro sin empleo y con la tutela de su familia, pues su trabajo periodístico molestó a más de un funcionario del gabinete estatal, según relató ella misma.
La Red de Periodistas alertó a los trabajadores de los medios públicos y privados y los invitó a «estrechar la red solidaria entre los colegas porque la individualidad expone a mayores riesgos que la colectividad; el gremio pues debe mantenerse unido antes este tipo de embates, es urgente luchar contra la censura, autocensura y pugnar por la libertad de expresión», señaló.
En los anteriores dos años, un reportero de la empresa Radio Núcleo fue despedido a petición del presidente municipal de Cintalapa por haber «hablado mal de él en una nota». Hace seis meses esa misma empresa despidió de manera injustificada a dos reporteras y un reportero debido a una solicitud de aumento de sueldo.
La relación entre el gobernador chiapaneco y los medios de comunicación ha sido de confrontación. El año pasado las autoridades estatales libraron orden de aprehensión contra el columnista Mario Ksherato quien escribe en el periódico de mayor circulación y oposición a la administración pablista.
2003/VVS/MEL
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