Despojan a mujer nicaragüense de cargo ganado en elecciones

Marina Benles Gamboa, una líder del partido indígena Yatama, de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), en la costa Caribe nicaragüense, denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el despojo de su cargo como consejera del gobierno regional en la RAAN.
 
Según el partido Yatama, Marina logró los votos necesarios para ocupar el cargo en el gobierno regional; no obstante los reclamos y las pruebas presentadas ante el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su caso no se resolvió favorablemente.
 
En las elecciones regionales celebradas en la costa Caribe el pasado 2 de marzo, Yatama denunció irregularidades en el triunfo del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al pasar por encima de la voluntad popular, dijo el diputado Brooklyn Rivera.
 
Durante 10 días, un grupo de mujeres de Yatama permaneció frente a la sede de la CSJ en Nicaragua, para protestar contra la respuesta que dio la Corte a un recurso de amparo para instaurar a Marina Benles en su cargo. La CSJ resolvió que el recurso no tenía sustento por tratarse de un caso electoral.
 
Nancy Elizbeth Enríquez, representante legal de Yatama, dijo que  “aquí no se trata únicamente de ir ante las instancias internacionales a denunciar el fraude, sino de llevar como fundamento de la petición el despojo del que fue objeto Marina”.
 
La abogada explicó que los pueblos indígenas en Nicaragua han tenido que luchar por sus derechos y en especial las mujeres, por lo que este caso debe ser conocido internacionalmente.
 
Marina ya había sido incluso declarada como ganadora de su escaño en el gobierno regional por las autoridades locales, pero luego los tribunales electorales en Managua decidieron despojarla y poner en el cargo a un hombre, recordó Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
 
Con este caso sería la segunda vez que Yatama recurre a instancias internacionales. En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) falló a favor de este partido y resolvió que el Estado nicaragüense debía reformar la Ley Electoral, para permitir la participación electoral de la población indígena en igualdad de condiciones con los partidos tradicionales. Sin embargo no se ha cumplido esta resolución.
 
“Esto no pasaría si el Estado de Nicaragua hubiera cumplido la sentencia”, reclamó Núñez, aunque –acotó– “aquí los magistrados son cómplices de los actos del gobierno para favorecer a su partido (el FSLN)”.
 
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