Felipe Calderón eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz relegándolo a un instrumento de carácter no jurídico y por tanto, no obligatorio para proteger las variedades de este grano tan importante para las y los mexicanos, ignorando la opinión de científicos y de la sociedad que se opone por las experiencias negativas de otros países que permitieron la siembra experimental de maíz transgénico, señaló la organización ambientalista Greenpeace.
Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable de Greenpeace, comentó que la eliminación del Régimen viola el Artículo 2 fracción II de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), pone en evidencia la complicidad de las autoridades federales con las empresas que han contaminado nuestro campo mexicano.
Agregó que el anuncio de eliminar el Régimen Especial al Maíz el viernes pasado a través del Diario Oficial de la Federación demuestra la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la liberación al medio ambiente de variedades de maíz transgénico, por medio de un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la LBOGM, en el que se deroga un artículo transitorio que ordenaba la publicación de un Régimen de Protección Especial al Maíz.
En su lugar, se implementó el Artículo 73, en el que se relega la acción del Régimen a un instrumento no jurídico y de comunicación que aparecerá en la página web del Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad, en decir, sólo será una página de consulta pública de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), advierte la organización ambientalista.
No obstante, resalta, en el decreto se establece que las secretarías de Agricultura (Sagarpa) y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat) serán las encargadas de establecer las medidas de bioseguridad caso por caso, para evitar la mezcla de variedades de maíz.
SIEMBRA ¿SIN RIESGOS?
Las dependencias también definirán las zonas donde se puede realizar la siembra sin ningún riesgo para las especies nativas. Sin embargo, desde que se presentó el primer caso de contaminación de maíz transgénico en México, en el estado de Oaxaca en 2001, y hasta esta fecha, ambas dependencias han sido incapaces de establecer medidas de control para evitar más casos de contaminación, señala Greenpeace.
Por esta razón, añade la organización ambientalista, «resulta absurdo e irresponsable que Sagarpa y Semarnat sean las dependencias que determinen las medidas de bioseguridad con sus propios criterios, pero además, las supuestas medidas de protección presentadas en la modificación al Reglamento no contemplan la puesta en marcha de un mecanismo de biomonitoreo que descarte la extensión de la contaminación transgénica actual».
«La violación a la Ley de Bioseguridad habla de un intento desesperado de las autoridades mexicanas por cumplir con las exigencias de la industria biotecnológica para liberar su maíz transgénico en el centro de origen del maíz. Las autoridades han caído en el chantaje de las empresas transnacionales, como Monsanto, que amenazan con no invertir 200 millones de dólares en investigación del uso de su biotecnología en nuestro país, cuando ni duplicando esa suma se podrá reparar el grave daño a la humanidad por permitir la contaminación de nuestro maíz».
FALTA DE MONITOREO
A la fecha, el Gobierno mexicano carece de información para determinar cuántas variedades transgénicas están contaminando el campo mexicano, eso debería ser más importante para el gobierno federal», reiteró Aleida Lara.
Agrega que la industria agro biotecnológica ha creado variedades de maíz transgénico que contienen sustancias anticoagulantes, vacunas y plásticos que son empleadas para elaborar fármacos y productos industriales, las cuales están prohibidas en el Artículo 67 del Decreto de reforma del régimen de la LBOGM.
Greenpeace México señala que en cualquier momento estos maíces podrían llegar a la cadena alimenticia debido a la falta de monitoreo por parte de las autoridades mexicanas, el cual sigue sin contemplarse dentro de la modificación al régimen de la LBOGM.
La intención de autorizar siembras experimentales en el país no es acumular datos y evaluaciones científicas, sino acelerar el proceso de comercialización de maíz transgénico de las empresas extranjeras a pesar de los daños e incertidumbres que éste plantea, reitera Greenpeace.
Actualmente se cuenta con investigaciones serias de científicos independientes a la industria agrobiotecnológica que demuestran los impactos negativos al medio ambiente y la salud humana, los cuales han ocasionado que países como Francia, Grecia, Hungría y Austria impusieran moratoria a la liberación de maíz transgénico de Monsanto, declaró Lara.
El propio reglamento de la LBOGM, recuerda Greenpeace, «mandata considerar dichas experiencias en su Artículo 16 fracción V» para que Felipe Calderón cumpla la ley y proteja nuestro maíz, el alimento básico para las y los mexicanos».
Por lo tanto, «es preciso que se prohíba la liberación al medio ambiente de maíz transgénico en nuestro país y que se tomen medidas de contención y prevención ante la alarma de casos de contaminación con variedades transgénicas en cultivos convencionales. México debe defender la biodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria de los mexicanos», inidicó.
09/LAG/GG
