Las y los defensores de Inés y Valentina, las indígenas tlapanecas violadas por militares en 2002 y 2003, quienes pidieron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la falta de justicia en ambos casos, le solicitaron a ésta impulsar los casos a fondo y de ser necesario, tramitarlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la «falta de voluntad del gobierno mexicano» de hacerle justicia a ambas indígenas.
Durante la audiencia efectuada la tarde del viernes en Washington, el primer caso analizado fue el de Inés en donde Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, acusó ante los integrantes de la CIDH que «el Estado mexicano no ha garantizado una investigación adecuada y a fondo mediante un recurso eficaz que de con el paradero, identificación, procesamiento y sanción de los militares que violaron a ambas mujeres».
En el caso de Inés, Patrón denunció la ineficiencia y retardo en la averiguación ya que los estudios para determinar la violación sexual le fueron practicados por el Ministerio Público un día después de la agresión, no obstante, argumentó ante la CIDH, «se pudo comprobar la presencia de líquido seminal».
Sin embargo, apuntó que esta prueba «fundamental» para identificar a los «militares violadores y torturadores» de Inés se hizo «perdediza» al llegar a la dirección pericial de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, quien en su oportunidad, manifestó, que las muestras se echaron a perder por los químicos con las que fueron analizadas.
Lo que recuerda, valió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2003 (48/2003), argumentando que el MP militar incurrió en un deber de omisión al no tener debido cuidado en la cadena custodia de las pruebas, máxime en esta «fundamental» para identificar a los agresores de Inés.
«Al día de hoy se hizo perdediza» y agrega el defensor de derechos humanos de la Montaña: «la CNDH establece que las pruebas (químicas) aplicadas a las muestras no eran destructivas», por lo que los defensores de Inés, subrayan que hubo un «ánimo doloso de encubrimiento a los militares».
Los peticionarios de la audiencia –Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Cetil– manifestaron su preocupación porque la averiguación previa ya fue archivada por el Ejército, ya que según éste no existió el delito de violación y por lo tanto no se investigó la tortura.
«Han pasado cinco años y medio y al día de hoy no hay identificación, procesamiento y sanción de los responsables», señala Mario Patrón, quien además recordó que hace un mes la CIDH tuvo que emitir medidas cautelares para Inés, su esposo Fortunato Prisciliano Guerra y sus 4 hijos ante las amenazas de muerte recibidas luego de aceptar acudir a esta instancia internacional a denunciar los hechos.
En el caso de Valentina, también denunció el retardo en la atención de ésta y la negativa de una institución de salud a practicarle un estudio ginecológico por considerar que ya habían pasado varios días después de la agresión.
En este caso, Patrón denunció la intimidación que el ejército ha hecho a Valentina quien en reiteradas ocasiones ha sido «acosada» por militares que «suben a su comunidad» para que «identifique» a sus agresores.
Como en el caso de Inés, el Ejército ha mandado a «reserva» el expediente por considerar que no existían elementos que acreditaran su violación.
A CINCO AÑOS, LA VIOLACIÓN ES CUESTIONADA
En tanto, la Subprocuradora Jurídica de Atención a Víctimas del delito de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, María de la Luz Reyes Ríos, en representación del Estado mexicano señaló que a más de cinco años de su violación, Inés tendrá que «completar» más diligencias para «comprobar» que fue violada por militares.
Inés y Valentina tendrán que «aportar pruebas» para el retrato hablado de sus agresores, dictamen psicológico y «la inspección de confrontación de los presuntos responsables» aunque «les ofreció» que será en donde Inés y Valentina y sus abogados indiquen y esta vez sí, con personal femenino especializado en delitos sexuales y violencia familiar.
MILITARES NIEGAN VIOLACIÓN
El mayor Carlos Sergio Ruvalcaba «justificó» que los casos no hayan sido investigados en la jurisdicción militar porque de acuerdo a éste, sólo se investigarán los delitos en que incurran los militares derivados de actos del servicio, los que sucedan fuera de ahí, dijo, «no son de su competencia».
Y agregó que cuando un militar incurre en una conducta «indebida» fuera del ámbito de servicio «es juzgado por la vía civil», y que en este caso la investigación realizada se archivó porque se «comprobó» que los militares no incurrieron en delitos de disciplina militar y se «mandó el desglose por competencia a la vía civil».
Más aún, negó que la Procuraduría militar haya tenido en sus manos las muestras con semen que probaría que Inés fue violada.
LA CIDH CUESTIONA
El relator para México, cuestionó al Estado mexicano por qué insiste en juzgar estos casos por la vía militar cuando en más de una ocasión, puntualizó, se ha hecho la observación tanto al presidente en turno como a los propios militares, que no existe razón ni en el artículo 13 constitucional ni en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea así.
Finalmente, la CIDH pidió copias de los expedientes tanto a los peticionarios como al Estado mexicano y se comprometió a actuar conforme procede.
07/LGL/ML/CV
