A pesar de la obligación del Estado mexicano para garantizar una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, «ése es justamente el problema que ocurre en todos los estados de la República», manifestó Marimar Monroy, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
En conferencia de prensa para analizar las recomendaciones emitidas por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) al gobierno mexicano, la activista citó una investigación realizada por la Cámara de Diputados, en la que se documenta la violencia hacia las mujeres y las cifras del Feminicidio, es decir «el asesinato de las mujeres por cuestiones de género».
Asimismo, manifestó que estos asesinatos tienen como principal característica el nulo valor y el desprecio por la vida de las mujeres, así como la deficiencia en las investigaciones y la impunidad para los responsables, sumado a la actitud de negligencia e indiferencia de los agentes encargados de procurar la justicia.
DISCRIMINACIÒN E INSEGURIDAD
Como respuesta a los constantes feminicidios de Ciudad Juárez, el Comité de la CEDAW emitió un informe y una lista de recomendaciones necesarias para el Estado mexicano, apuntó Monroy.
En dicha lista, indica, el Comité expresa su preocupación por el ambiente generalizado de discriminación e inseguridad que prevalece en las comunidades, lugares de trabajo, maquiladoras y en los territorios con presencia militar.
Además, exhorta al Estado a desarrollar las medidas necesarias para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia cometida por agentes estatales de todos los niveles de gobierno y reformar el código penal para tipificar el Feminicidio.
Destaca que es necesario monitorear los mecanismos y evaluar el impacto de todas las estrategias y medidas llevadas a cabo.
Marimar Monroy subrayó que la implementación de las recomendaciones por parte del Estado mexicano ha sido deficiente, pues los asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez se siguen perpetrando.
«De esta manera han sido insuficientes los esfuerzos para garantizar la prevención, investigación, sanción y reparación del daño y las recomendaciones específicas sobre los asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez no se han cumplido cabalmente», abundó.
Propone que el gobierno mexicano en sus tres niveles, cumpla con las obligaciones nacionales e internacional mediante la realización de programas y políticas públicas efectivas y eficaces que erradiquen cualquier forma de violencia contra las mujeres y que garanticen el acceso a la justicia.
Nos parece fundamental, dijo, que las autoridades demuestren su voluntad política y no pretendan eludir sus responsabilidades, argumentando la falta de competencia para intervenir en estas graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos de las mujeres.
06/BH/LR/CV
