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“Destacan” Ecuador, Perú y Honduras por negar aborto legal

Por Anaiz Zamora Márquez

Las mujeres y niñas de América Latina (AL) están altamente expuestas a ser víctimas de violencia sexual en el ámbito público y privado, y pese a ello los Estados les siguen negando los servicios de salud sexual y reproductiva, tales como el acceso a las pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE) y el aborto en caso de violación.
 
Lo anterior lo expone la organización internacional Centro de Derechos Reproductivos (CDR) en tres publicaciones en las que aborda los casos de Ecuador, Perú y Honduras, naciones que al mismo tiempo que no realizan las acciones necesarias para prevenir la violencia sexual, tampoco garantizan que cuando las mujeres son víctimas de estos delitos accederán tanto a servicios de salud que les permitan prevenir embarazos no deseados, como a la justicia y la reparación del daño.
 
Aunque en esta ocasión se enfoca en esos tres países, CDR sostiene que la denegación de servicios de salud sexual y reproductiva es algo que se repite en toda AL.
 
De acuerdo con la organización, la violencia sexual es una forma de discriminación y es una violación a los Derechos Humanos (DH), de la cual al menos una de cada tres mujeres en el mundo es víctima.
 
Entre el 5 y 40 por ciento de las adolescentes mujeres en Chile, Costa Rica, Panamá y Perú declararon haber sufrido al menos un episodio de abuso sexual al interior de su institución educativa.
 
En las escuelas ecuatorianas, en 2006, se identificó en una encuesta que una de cada cuatro estudiantes fueron abusadas sexualmente y de ellas, el 37 por ciento identificó a sus profesores (hombres) como los perpetradores.
 
Frente a los casos de delitos sexuales denunciados en Ecuador durante 2007 y 2009, sólo en el 3 por ciento se identificaron y sancionaron a los responsables.
 
Como ejemplo de la falta de prevención de la violencia sexual en las escuelas, está el caso de Paola, una adolescente de 16 años de edad víctima de abuso y acoso sexual por parte del vicerrector del colegio público donde estudiaba desde que tenía 12 años.
 
Ella aseguró haber quedado embarazada y ser presionada para abortar con la ayuda del médico del colegio.
 
El 12 de diciembre de 2002, Paola ingirió una alta cantidad de fósforo blanco con el propósito de suicidarse y luego se fue a su colegio, donde no se le proporcionó el cuidado médico inmediato que requería, por lo que murió ese mismo día por una intoxicación.
 
La familia de Paola denunció los hechos antes las autoridades competentes, pero ninguno de los mecanismos ha sido efectivo, por lo que el CDR presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aún no ha emitido su resolución.
 
Perú –el otro país analizado por CDR– registra una de las tasas de violencia sexual contra las mujeres más altas en Sudamérica. En los últimos 10 años se presentaron 63 mil 545 denuncias por violación de la libertad sexual, en los que las víctimas son sobre todo mujeres, adolescentes y niñas.
 
En el país el aborto sólo está permitido cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo, pero no en el caso de violación. A esta restricción se sumó que en 2009 el Tribunal Constitucional prohibió la distribución de la PAE en los servicios de salud pública.
 
Uno de los casos presentados por el CDR ante instancias internacionales es el de una joven (cuyo nombre se reserva), quien presentó un embarazo cuando tenía 13 años de edad debido a las repetidas violaciones que sufrió por parte de un hombre mayor.
 
Ella intentó suicidarse saltando al vacío desde el techo de la casa de un vecino y sufrió una lesión en la médula espinal. Trasladada a un hospital público, los médicos recomendaron una intervención quirúrgica urgente para evitar que se consolidara el daño por la caída.
 
No obstante, la cirugía no se realizó cuando se confirmó el embarazo de la niña. Pese a que se solicitó formalmente un aborto terapéutico a la dirección del hospital, la intervención fue negada.
 
Sólo cuando la niña sufrió un aborto espontáneo, casi tres meses después de la lesión, fue operada pero la intervención quirúrgica no impidió que quedara parapléjica.
 
El caso de L.C. fue presentado en 2009 ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
 
Dos años después, el Comité de la CEDAW determinó que el Estado peruano era responsable internacionalmente de violar diversas obligaciones asumidas, y estableció que la prohibición o limitación de los servicios de salud reproductiva están íntimamente relacionados con la visión estereotipada de la función reproductiva de la mujer.
 
Cada tres horas se recibe el reporte de una violación sexual en Honduras; sólo en 2013 un total de 2 mil 851 casos fueron denunciados, documentó el CDR.
 
Pese a esta violencia exacerbada, actualmente las leyes y políticas públicas en Honduras criminalizan de forma absoluta el aborto, al igual que prohíben la distribución, uso y venta de la PAE.
 
Conforme al derecho internacional de los DH, tales medidas que restringen el ejercicio de los derechos reproductivos son violaciones a las garantías fundamentales.
 
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