Destacan que alianzas de mujeres derivan en logros políticos

Cada vez que los partidos políticos abanderan a las mujeres como candidatas a un cargo de elección, los hombres se asumen “despojados” de lo que, según consideran, “les corresponde por cultura y práctica partidista”, y esa es la percepción que hay que cambiar, convocaron investigadoras.
 
En “Contigo aprendí. Una lección de democracia gracias a la sentencia 12624”, libro editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las analistas Clara Scherer Castillo y Adriana Ortiz Ortega sostienen que cualquier cambio institucional en los procedimientos electorales –en especial a favor de las mexicanas– necesita de la alianza de mujeres de distintas ideologías, edades y partidos.
 
Las promotoras de los derechos políticos de las ciudadanas destacan la necesidad de narrar y divulgar un capítulo de la historia política en el que esa alianza fue “esencial”, el cual ocurrió en 2011 cuando 10 mujeres presentaron demandas para la protección de sus derechos políticos pidiendo a la autoridad electoral que se garantizara que pudieran participar en las elecciones federales de 2012.  
 
Fue así que en noviembre de 2011 la Sala Superior del TEPJF emitió la resolución 12624 que obligó a los partidos a postular, sin pretexto alguno, 40 por ciento de candidatas, tal y como lo establecía el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que resultó en que cada instituto abanderara a 120 candidatas a diputadas federales y 26 a senadoras.
 
Clara Scherer y Adriana Ortiz Ortega hacen una crónica de la estrategia, “casi subversiva”, que armaron esas 10 mujeres para lograr el fallo del TEPJF: las reuniones, la organización de pequeños grupos, las llamadas telefónicas, la documentación y la revisión de posibles escenarios.
 
Es decir, todo un plan que necesitaba ser avalado por mujeres de todos los partidos y que además pretendía generar jurisprudencia, un precedente legal.
 
María Elena Chapa Hernández, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Laura Cerna Lara, Martha Angélica Tagle Martínez, María Juana Soto Santana, María de las Nieves García Fernández, María Fernanda Rodríguez Calva, Esther Morales Pérez, María Cruz García Sánchez y Rocío Reyes Willie, fueron quienes interpusieron las 10 quejas electorales.
 
Sin embargo, el proceso incluyó a muchas otras actoras, analistas, académicas, funcionarias y políticas, muchas de ellas integradas en la Red Mujeres en Plural, una organización defensora de los derechos políticos de las mexicanas.
 
En la publicación, Scherer Castillo y Ortiz Ortega hacen un repaso por la historia de los derechos políticos femeninos y sus resistencias, desde el movimiento sufragista que consiguió el derecho al voto en 1953, pasando por la lucha de las mujeres por las cuotas en los estatutos partidarios, hasta la pugna por establecerla en la ley electoral.
 
En la investigación, el público lector puede conocer cómo Diego Fernández de Cevallos, candidato presidencial por el Partido Acción Nacional en 1994, fue uno de los principales opositores a la cuota de género 70-30; o bien, la activa participación del analista político Jorge Alcocer a favor de esta norma.
 
En la tarea de rescatar esta experiencia –que en el actual proceso electoral ha servido como ejemplo a seguir– se encontró que las alianzas dan resultados, pero también que aún hay muchos retos a vencer porque las mujeres pueden ganar elecciones y carecer de incidencia política.
 
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