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Destapan presunta red de explotación sexual en penal de Puebla

Por Kara Castillo

La denuncia de violación presentada por una interna de la prisión de San Miguel señalando a Marco Antonio Galván Ramírez, subdirector de Seguridad y Custodia en ese Centro de Readaptación Social (Cereso), fue en cuestión de horas indagada y desechada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla.
 
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CDH-Puebla) mantiene abierto el expediente 4715/2015, por presuntos hechos de prostitución en el Cereso de San Miguel.
 
El pasado 10 de agosto el diario El Popular difundió: “Una interna del Cereso de Puebla fue víctima de abuso sexual y los primeros reportes al interior de la cárcel de San Miguel apuntan a que Marco Antonio Galván Ramírez, subdirector de Seguridad y Custodia del Penal, habría sido quien abusó de la interna”.
 
La denuncia pública del caso por parte del periodista Carlos Rocha refería que el subdirector de Seguridad habría llegado ebrio a laborar solicitando a sus subordinados que le llevaran a una de las internas a su oficina, donde presumiblemente ocurrieron los hechos.
 
La interna también denunció que ella y sus compañeras fueron llamadas al área de Control del penal, donde el supervisor, a quien le apodan “El Charmín” y el director de Seguridad y Custodia, Víctor Hugo Rosales García, les informaron que tendrían beneficios económicos a cambio de “favores sexuales”.
 
El Popular señaló que sería al día siguiente, 11 de agosto, cuando peritos de la PGJ se presentarían en el Cereso para tomar su declaración a las internas y al personal de seguridad. Representantes de la CDH-Puebla también acudieron al penal.
 
No obstante, las autoridades acudieron el pasado 12 de agosto, un día después de lo previsto.
 
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó en un boletín que la PGJ resolvió la averiguación previa 2426/2015/AESEX aduciendo que “la persona en cuestión descartó que presentara alguna denuncia en relación a que se haya visto afectada en su integridad”.
 
Además de que –reportó la SSP– “el presunto abuso sexual de una interna es una situación que no ha sido comprobada”.
 
En la investigación periodística de Carlos Rocha se señala que “tanto internos como ex internos, incluso algunas autoridades, se asumen como impotentes para deshacer la red que creó y mantiene Óscar Ramírez Martínez, ex director del Cereso de Puebla, quien además, auxiliado por el actual subdirector de Seguridad y Custodia, Marco Antonio Galván Ramírez, opera un negocio de prostitución del que también participan Rolando Martínez y Arturo Aparicio, alias ‘Cochibombo’”.
 
POSIBLE RED DE TRATA
 
Para el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana, el presunto abuso sexual de Marco Antonio Galván Ramírez, subdirector de Seguridad y Custodia del Penal de San Miguel, contra una mujer presa, pondría en evidencia la red de trata de personas existente en ese Cereso.
 
La directora del IDHIE, Galilea Cariño, también especialista en temas de género, aseguró que la Averiguación 2426/2015/AESEX detona una lectura en la que se puede identificar el ejercicio de explotación sexual, laboral e incluso prostitución forzada en el Cereso. “En temas de trata debe mirarse a las prisiones”, advirtió.
 
“Tengo muy presente que alguna vez una reclusa me dijo: ‘Las mujeres somos el ganado para los hombres’. En sus palabras reveló la cosificación que sufren las mujeres y que se agudizan en esas condiciones carcelarias”, expresó.
 
Cariño destacó la presencia de la CDH-Puebla en el caso: “Es trascendente, pues se tendrá la oportunidad de visibilizar las violaciones de los Derechos Humanos de las mujeres privadas de su libertad. Para detener el ciclo de victimización constante de las mujeres en cárceles deben conocerse y documentarse sus condiciones”.
 
“Es muy valioso que la CDH-Puebla tenga una presencia importante en la investigación; es una oportunidad para que  identifique los tipos de programas y talleres que les ofertan a estas mujeres, las condiciones en las que están viviendo, si los estándares internacionales se están cumpliendo”, abundó.
 
EN RECLUSIÓN, NULOS DERECHOS
 
En la investigación en la que participó Galilea Cariño, “Mujeres privadas de su libertad ¿Mujeres sin derechos?”, que es un diagnóstico sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres presas en los estados de Guanajuato, Guerrero, Puebla y Querétaro –presentada en 2012–, se documenta que de la población femenina en los cuatro estados, 17 por ciento de las mujeres se consideraron víctimas de agresión o abuso sexual, y de las cuales 13 por ciento afirmaron que dicha violencia se generó en los centros de detención.
 
Algunas mujeres refirieron haber sido víctimas de golpes, asfixia con bolsas de plástico en la cara, toques eléctricos en los senos, y violencia psicológica como amenazas y violación.
 
En ese rubro, la mayor incidencia de casos se reportó en los penales del estado de Puebla, donde 10 por ciento de las mujeres dijeron haber sufrido abuso sexual.
 
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