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Detención arbitraria de cuatro mujeres policías en Ciudad Juárez

Por Gladis Torre Ruiz

Los operativos militares iniciados en Ciudad Juárez en días recientes «reiteran una vez más las violaciones de los derechos humanos de las y los ciudadanos, en especial los de las mujeres», ejemplo de ello es la detención arbitraria de cuatro mujeres policías ministeriales llevadas a las instalaciones de la Base Militar, donde les vendaron los ojos y las desnudaron frente a elementos del Ejército.

Así lo señaló Edgar Cortéz, de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, en entrevista telefónica con Cimacnoticias, instancia que recibió la denuncia de familiares de una de las mujeres detenidas.

Detalló además que la detención de estas cuatro policías se dio sin ningún motivo –ya que no hay acusación o señalamiento contra ellas– tratándolas de una manera denigrante por el sólo hecho de ser mujeres.

«Lo que nos muestra que en el país existe una tendencia para ejecutar este tipo de agresiones en contra de las mujeres. Se da un patrón en que ellas están recibiendo los efectos más negativos de estas operaciones militares», puntualizó.

El pasado 1 de abril fueron citados policías ministeriales en las instalaciones del Centro de Inteligencia de Policial ubicadas en Ciudad Juárez (CIPOL) para que participaran en la realización de Bases de Operación Mixta, se informa en un comunicado difundido por la Red.

Alrededor de las 7 de la mañana, las y los policías ministeriales se presentaron en las instalaciones de la CIPOL y ahí junto con otras personas cuatro mujeres policías ministeriales fueron detenidas y llevadas a las instalaciones de la Base Militar ubicada en Ciudad Juárez, localidad fronteriza con Estados Unidos.

Cabe destacar que las cuatro mujeres habían sido capacitadas y seleccionadas para formar parte del nuevo sistema de juicios orales que se llevan a cabo en el estado de Chihuahua.

Ya en las instalaciones de la base, dos de ellas fueron llevadas al local de Sanidad para «supuestamente» hacerles exámenes médicos. Ahí les vendaron los ojos y las desnudaron en presencia de elementos del Ejército. Posteriormente el General Jesús Meza, integrante de la Agencia Federal de Investigación (AFI), les informó que estaban detenidas y que serían arraigadas.

Edgar Cortéz informó a Cimacnoticias que las cuatro mujeres ya fueron presentadas este miércoles ante el Ministerio Público (MP) sin que se les haya informado que acusación existe en su contra, por lo que se encuentran en espera de que se aclare su situación jurídica.

«Mientras tanto se encuentran detenidas arbitrariamente y sujetas a tratos denigrantes y acoso sexual», reiteró.

Ante estos hechos como Red rechazamos que una vez más el Ejército asuma funciones que no son de su competencia convirtiéndose en ministerio público y actuando como órgano de investigación contra civiles, afirmó Cortéz.

Y condenó «el trato denigrante de que se hace objeto a las mujeres en este tipo de operativos, quienes, como en el caso de Atenco, se encuentran totalmente desprotegidas de los abusos militares».

Además «reiteramos que la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos son componentes inseparables de un real Estado de derecho y las acciones ilegales y violatorias a los derechos humanos nunca serán adecuadas para combatir a la delincuencia».

Constatamos, dijo, que las violaciones a los derechos humanos y la falta de respeto a las garantías individuales están siendo la constante en los operativos militares y policíacos que realiza el gobierno federal en su «lucha» contra la delincuencia organizada.

Por lo que, en voz de Edgar Cortéz, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos exigió que cesen las violaciones a los derechos humanos en contra de las cuatro mujeres policías y sean puestas de inmediato en libertad, se les informe si existe investigación en su contra y puedan entonces ejercer su derecho a la defensa.

LA CNDH

Ante las reiteradas violaciones a las garantías individuales de pobladores de Ciudad Juárez, Edgar Cortéz informó que se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en particular para el caso de las personas que permanecen retenidas en instalaciones militares.

Sin embargo, la CNDH no ha podido intervenir ya que argumenta que se le ha impedido a personal de esta dependencia entrar en contacto con las personas que permanecen retenidas en instalaciones militares, entre las que se encuentran las cuatro policías ministeriales.

En un comunicado de prensa la CNDH informó que dada la gravedad de los hechos que le han sido reportados en las últimas horas considera la posibilidad de plantear el caso de Ciudad Juárez ante integrantes del Congreso de la Unión, para informar y solicitar se ponga fin a las frecuentes arbitrariedades contra pobladores de esa y otras entidades del país.

MILITARES, MAYOR RIESGO PARA MUJERES

La intervención militar en operaciones que corresponden a las policías implica abusos de poder, pues genera una relación con las comunidades que traspasa los límites de su autoridad y provoca conflictos dentro de ellas y las mujeres siempre están en mayor riesgo.

Así define la activista por los derechos humanos Angélica Ayala Ortiz la situación por la que atraviesan varias entidades federativas del país, a raíz de la orden de Felipe Calderón de trasladar las fuerzas militares a la Policía Federal Preventiva (PFP) o a la AFI a zonas determinadas (Cimacnoticias 16 enero 2007).

Las fuerzas empleadas para ejercer trabajos propios de los cuerpos policíacos están capacitadas en las armas, en estrategias de lucha, pero carecen de la capacitación mínima indispensable de lo que son los derechos humanos, sus responsabilidades y las formas de intervenir en este tipo de casos, señala.

Ya que, agrega, «no están preparados ni informados para hacer trabajos de investigación ni seguimiento ni trabajos relacionados con la justicia».

Se forma así un peligroso escenario en donde el Estado, en contubernio con los gobiernos federal, estatales y municipales quieren tomar la fuerza como única razón, ante la imposibilidad de resolver la problemática tan grave que tenemos, explica.

JUSTIFICACIÓN

Para Angélica Ayala, integrante del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos», es muy delicado el discurso del gobierno de Felipe Calderón para defender la necesidad de la intervención militar en operaciones que corresponden a las policías.

Ya que junto a los gobiernos –federal, estatal o municipal– hay grupos de poder que utilizan a los medios de comunicación que hacen aparecer que hay una corriente de opinión pública que demanda intervenciones fuertes por parte del Estado, considera.

«Los gobiernos utilizan este discurso para hacer intervenciones militares como las que estamos viendo en diferentes entidades del país. Ellos, más allá de pensar en la legalidad, se escudan en la necesidad de respuesta a lo que la sociedad está exigiendo, eso es muy peligroso, porque pareciera ser que eso legitima sus acciones, advierte.

08/GT/CV

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