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Detenciones arbitrarias contra defensoras nicaragüenses obedecen a un patrón

Por Aline Espinosa Gutierrez
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Organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DH) nicaragüenses denunciaron que existe un patrón en las detenciones arbitrarias a defensoras de DH para criminalizarlas, agredirlas y torturarlas, con el fin de que éstas se responsabilicen de los delitos de narcotráfico, delincuencia, entre otros que no cometieron, cuyas condenas van de los 6 a los 30 años como máximo.

Las organizaciones nicaragüenses aseguraron que hay más de 46 mujeres encarceladas en los centros penitenciarios “El Chipote” y “La Esperanza”, de las cuales casi 20 son defensoras quienes están sujetas a procesos legales arbitrarios, pues no hay pruebas que acrediten los delitos que se les imputan.

En entrevista con Cimacnoticias, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, explicó que el patrón que siguen las autoridades al inicio de una detención es dejar incomunicadas a las defensoras con el fin de que éstas se vean obligadas a acceder a sus peticiones por medio de actos de tortura como terapia de electroshocks, hacer sentadillas, que su cuerpo esté en una sola posición, o ser golpeadas durante horas.

Después de ello, dijo, las defensoras son encarceladas por casi 2 semanas sin ser presentadas ante una autoridad y exhibidas en los medios de comunicación nicaragüenses con el uniforme penitenciario de este país de color azul, a pesar de que éste sólo debe usarse cuando las personas ya son condenadas, no detenidas.

Una vez procesadas, comentó la defensora, son aisladas de las demás mujeres en reclusión “para que nadie se solidarice con ellas”. Respecto a las visitas de sus familiares y abogadas, éstas son concedidas o suspendidas según “los deseos de los directores de los penales”, por lo que dijo los DH de las defensoras están sujetos “al contentillo” y hay una violación a su derecho a una defensa.

En las audiencias preliminares, agregó, ni los abogados ni ellas son notificados, las defensoras son enviadas a cáceles en otras ciudades, lo cual genera un gasto emocional, físico y económico a las familias que no pueden costear.

Este panorama, comentó, ha dado como resultado que defensoras de DH y de la tierra como Brenda Muñoz y Amaia Eva Coppens, quienes sufren de enfermedades crónicas (bronquitis y diabetes) se les niegue el derecho a una atención médica y sus familiares cuenten con alternativas para brindarles ayuda, ante ello han optado por hacer públicos los casos para que organismos internacionales de DH intervengan.

En ambos casos, dijo Marlin, los escritos y gestiones que han entregado los abogados de las defensoras han sido ignorados, por lo que las organizaciones temen que de no “haber un cambio rápido” la salud de estas defensoras empeore y fallezcan. Ambas fueron víctimas de hostigamiento, amenazas, desprestigio y agresiones hacia ellas y sus familias.

Resaltó que hay una violación extrema de todo el marco penal jurídico nicaragüense y existen otros casos como el de Alejandra y Elsa, una defensora y otra estudiante, quienes tuvieron un aborto espontáneo después de ser golpeadas por personal de la policía tras ser detenidas arbitrariamente, dos casos que hasta el momento han quedado impunes.

Estas dos mujeres estaban acusadas de “terrorismo” por portar una bandera “blanca y azul” (colores de Nicaragua) durante una protesta. Luego de su aborto espontáneo, las autoridades dijeron que “al no haber encontrado pruebas de delito después de un mes, estaban libres, sin más”, explicó.

La defensora dijo que todo ello es resultado de la ineficiente respuesta que organismos internacionales de DH han tenido para dar una repuesta y tomar acciones contra la política de represión y violencia del presidente de este país, Daniel Ortega, la que ha llevado al desplazamiento forzado de las y los nicaragüenses. Datos del Cenidh registraron que hay más de 182 defensoras detenidas y que en promedio son detenidas de 4 a 5 personas.

Detalló que la situación de la población, y en específico de las defensoras, es muy difícil pues las autoridades actúan a favor y según las decisiones del presidente y su esposa, Rosario Murillo, quienes se han mantenido en el poder por más de 5 años a través de procesos ilegales de reelección.

Por su parte, integrantes de la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras), denunciaron que hace una semana alrededor de 20 hombres vestidos de negro y encapuchados irrumpieron en las celdas de la cárcel de mujeres y las golpearon “brutalmente”.

Ante ello, organizaciones con trabajo en defensa de Derechos Humanos, exigieron una vez más al gobierno nicaragüense detenga la represión estatal y violencia paramilitar e hicieron un llamado a organizaciones, organismos de DH y a la sociedad a civil, a no olvidar la grave crisis de Nicaragua y sumarse en la demanda de una “solución inmediata y pacífica” para este país.

18/AEG/LGL

 

 

 

 

 

 

 

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