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Detener abusos militares, condición para dar recursos a México

Por Lourdes Godínez Leal

Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado hoy a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, para condicionar a México la entrega del 15 por ciento de los fondos contemplados en la Iniciativa Mérida, si el gobierno no cumple con los requisitos en materia de respeto a los derechos humanos y modifica el sistema de justicia militar.

El llamado coincide con lo afirmado en el informe Impunidad uniformada, presentado por HRW en abril pasado, donde señaló que los recursos se retuvieron hasta que Clinton no informara al Congreso estadounidense que el Gobierno mexicano había cumplido con cuatro requisitos en materia de derechos humanos.

En su misiva de hoy a Clinton, HRW manifiesta su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, entre otras prácticas que se han incrementado desde el arribo de Felipe Calderón a Los Pinos.

Si bien, dice la organización civil defensora de derechos humanos, el combate al narcotráfico emprendido por el gobierno mexicano debe ser apoyado por el gobierno de Barack Obama, también es momento de que éste exija enérgicamente a México cumplir con los requisitos de la Iniciativa Mérida.

En este sentido, le piden a Clinton que no emita ningún informe de certificación al gobierno mexicano hasta que se haya constatado que efectivamente está cumpliendo con las condiciones del Plan Mérida.

Uno de los requisitos que habrían solicitado a Clinton es que las autoridades civiles investiguen y juzguen a elementos de la policía y del Ejército mexicano acusados de cometer violaciones a derechos humanos, y que la policía y Ejército colaboren activamente con las investigaciones.

HRW ha considerado que esta es una condición importante para terminar con los abusos militares, para mejorar la efectividad de las Fuerzas Armadas mexicanas y de su capacidad para la lucha contra el narcotráfico.

“Mientras los responsables no rindan cuentas, el Ejército mexicano continuará cometiendo abusos”, señala el organismo en su carta.

HRW expresó que el gobierno estadounidense deberá emitir un informe de certificación “sí y solo sí” México reforma su sistema de justicia militar para garantizar que sean los tribunales civiles y no los militares quienes investiguen violaciones a derechos humanos, y que los supuestos casos de violaciones graves a derechos humanos, “en la práctica investigados y juzgados por autoridades civiles, incluidos los que se encuentran pendientes en la justicia militar”, sean trasladados a la justicia civil.

CASOS ACUMULADOS

Cabe recordar que el caso de las hermanas tzeltales González Pérez está “pendiente” de traslado a la justicia civil, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 2001 lo recomendó al Estado mexicano.

Pero a ocho años, el caso continúa bajo el fuero militar, por lo que las organizaciones civiles han iniciado una campaña de presión para que el Estado mexicano cumpla la recomendación.

En su misiva, HRW solicita que antes de emitir cualquier informe, la Secretaria de Estado se reúna con las organizaciones civiles mexicanas que trabajan el tema, y con defensores de derechos humanos.

También, que en lo sucesivo, el gobierno de Obama trabaje conjuntamente con el Congreso estadounidense para garantizar que cualquier paquete de asistencia que busque apoyar el trabajo de las fuerzas armadas y policiales de México, “incluya condiciones claras y firmes en materia de derechos humanos”, y que exija que parte de los fondos sean retenidos de no cumplirse dichas condiciones.

FUERO MILITAR, EN LA MIRA

Contrario a lo que piensa, el gobierno de Calderón, quien durante el pasado Examen Periódico Universal (EPU) dejó en claro que el tema del fuero militar “no se toca”, al rechazar 8 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema, éste permanece vigente pues los pronunciamientos de las ONG nacionales que se han manifestado en su contra ha tenido eco en las organizaciones internacionales.

La semana pasada, el Estado mexicano tuvo que comparecer por vez primera ante una de las máximas instancias de justicia internacional: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el delito de desaparición forzada, práctica común durante la guerra sucia.

Durante la audiencia por el caso del campesino Rosendo Radilla, uno de los miles de detenidos y desparecidos durante este periodo, se expuso la ilegalidad del fuero militar y cómo los casos en los que militares han cometido este tipo de violaciones han quedado impunes al ser ellos quienes los investigan, por lo que la Corte exigió al Estado mexicano ampliar la información sobre el impacto que ha tenido utilizar a militares para tareas de seguridad pública y por qué son éstos quienes juzgan delitos cometidos por ellos mismos.

Cabe recordar que otro caso por el que el Estado mexicano será juzgado este año en la misma instancia, es el de la tlapaneca Inés N., violada por militares en 2002, mismo que tiene en sus manos la Corte desde mayo de este año.

Y mientras ello sucedía en Costa Rica, sede de la CoIDH, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió llevar al Pleno para su discusión, el tema del fuero militar a raíz de un amparo promovido por la viuda de un civil asesinado el año pasado por militares en Sinaloa.

Las ONG nacionales han señalado que esta es una oportunidad inmejorable para que la SCJN termine con los privilegios militares y acote las funciones del Ejército, y para que declare la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo defensor de derechos humanos con estatus consultivo en la OEA, quien ha llevado al sistema interamericano varios casos de violaciones sexuales cometidos por militares, impulsa desde hace un par de años una iniciativa de reforma al Artículo 57 del Código de Justicia Militar y del 13 constitucional.

El organismo ha insistido en la reforma al primero, ya que dice que aún y cuando los casos llegan a la CIDH, lo que se investiga es si el militar incurrió en faltas a la disciplina militar y no si violó mujeres, por lo que éstas no acceden a la justicia ni por la vía militar, ni por la civil.

09/LGL/RMR/GG

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