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Deterioro laboral y conflictos sin resolver, en Día Internacional del Trabajo

Por Guadalupe Cruz Jaimes

La conmemoración del Día Internacional del Trabajo en el país, se vive en medio del deterioro laboral, que se caracteriza por más de 3 millones de personas desempleadas, 65 por ciento de las y los trabajadores sin seguridad social, y ante conflictos laborales sin resolver, como son el de los gremios minero y electricista.

En el centro del país, la “celebración” de reivindicación de derechos laborales se llevará a cabo en un zócalo capitalino ocupado por decenas de trabajadores electricistas, quienes desde el domingo pasado se han ido sumando a una huelga de hambre masiva, con el objetivo de que el gobierno federal les devuelva su empleo a seis meses de su decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que dejó a cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres sin empleo.

Las y los electricistas se añadieron a las filas del desempleo, que en septiembre pasado llegó a 3 millones 010 mil personas sin trabajo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En lo que va de la administración de Calderón Hinojosa, autonombrado “presidente del empleo”, la desocupación abierta creció 72 por ciento, según denunció el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en su XIII Informe de violaciones a los derechos humanos laborales en México 2009.

Ese año, la economía informal se mantuvo a la alza, y para febrero de 2010 alcanzó 12.6 millones de personas ocupadas en este sector, superando a las y los trabajadores registrados formalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe mencionar, que una de cada 3 mujeres ocupadas labora en este sector, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

El aumento en la economía formal está vinculado con que 65 por ciento de las y los trabajadores del país no tengan acceso a la seguridad social, refiere el informe del Cereal con base en información oficial.

CANANENSES EN RESISTENCIA

Mientras las y los electricistas, junto con millones de trabajadoras y trabajadores quedaron sin empleo y en la informalidad, en el norte del país, la comunidad minera de Cananea, Sonora, sostiene una huelga de más de dos años en busca de condiciones de seguridad e higiene, que eviten la muerte de cientos de mineros de la región.

Los trabajadores del cobre, junto con sus esposas organizadas en el Frente nacional de mujeres en lucha por la dignidad de los trabajadores de México, sostienen que no darán un paso atrás, a pesar de que en febrero pasado las autoridades del trabajo desconocieron su movimiento.

El 31 de julio de 2007, trabajadores de la Sección 65, 17 y 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, izaron las banderas rojinegras, en Cananea, Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas.

Dos años y siete meses después, las autoridades del trabajo desconocieron el movimiento de la sección 65, y les ofrecieron una liquidación que en promedio asciende a 170 mil pesos por trabajador.

Además de mejorar las condiciones de seguridad e higiene, los mineros cananenses demandaron una revisión contractual, a fin de optimizar sus prestaciones y salarios.

MAYORÍAS RECIBEN SALARIO INSUFICIENTE

En el país, las mayorías trabajadoras perciben salarios que no les permite cubrir sus necesidades primordiales. Esta situación es todavía más alarmante para las mujeres, sobre todo para las obreras y artesanas, quienes en promedio perciben un ingreso 38.4 por ciento menor que el de los hombres.

En 2009 de las 16.9 millones de trabajadoras en el país, 61 por ciento percibió de uno a tres salarios mínimos, considerados insuficientes para costear la canasta básica alimenticia. En tanto, de los 27 millones de trabajadores, 51 por ciento se encontró en esa circunstancia.

Otro indicador que da cuenta del deterioro laboral, es que en ese año, 10 por ciento de las trabajadoras y 8 por ciento de los trabajadores del país laboraron sin percibir ingresos.

VIOLENCIA DE ESTADO

De acuerdo con el informe del Cereal, el deterioro laboral, que se agudizó debido a que el gobierno federal optó por medidas anticrisis que “precarizaron” el mercado de trabajo, sólo puede llamarse violencia de Estado.

“No puede sino llamarse así, categorizarse así, al deterioro imparable del derecho a una vida digna. No puede sino analizarse así, la progresiva obstaculización y negación de legítimas aspiraciones de millones de mexicanos y mexicanas”, indica en un comunicado difundido en el marco del Día Internacional del Trabajo.

Ante a este panorama, especialistas en el tema como Rosario Ortiz Magallón, refieren que el sindicalismo es la forma en la que mujeres y hombres pueden exigir que sus derechos se cumplan.

Sin embargo, en México, este derecho, establecido en la Ley Federal del Trabajo, no se respeta, manifestaron ayer sindicalistas, abogadas y abogados laborales, integrantes del jurado del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, tras analizar más de una docena de casos, presentados por trabajadoras y trabajadoras del país.

La falta de soluciones por parte de las autoridades mexicanas deriva en la búsqueda de justicia en el extranjero, este es el caso de las esposas y familias de 28 de los 63 mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.

En febrero de este año, luego de agotar las instancias en el país, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que la primera semana de abril notificó a las y los familiares que analizará las violaciones a sus derechos humanos, para ver su admisibilidad.

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