La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hoy que el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que dejó sin empleo a 4 mil mujeres y 40 mil hombres electricistas, es constitucional y ese veredicto obedece el interés del Ejecutivo, y no al interés público, coincidieron sindicalistas y especialistas en justicia laboral.
Así lo manifestó a Cimacnoticias Fernando Amezcua, vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quien aseveró que el fallo de la Corte «aludiendo el interés de la nación, en realidad obedeció al interés de Felipe Calderón Hinojosa».
Después de tres meses, por unanimidad de votos, la SCJN determinó la constitucionalidad del decreto de desaparición de LyFC, emitido por Calderón Hinojosa, el pasado 11 de octubre, avalando con ello, el proyecto del ministro Juan Silva Meza, el cual niega el amparo solicitado por el SME en contra del decreto.
El máximo tribunal señaló, en comunicado de prensa, que los derechos laborales de las y los más de 44 mil trabajadores deberán ser discutidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA).
Los ministros de la SCJN indicaron que «tomando en cuenta que el referido organismo fue creado por un decreto del presidente de la República, éste está facultado, legal y constitucionalmente, para decidir la extinción de los organismos descentralizados, en caso de que dejen de cumplir sus fines o como lo señala la Ley Federal de Entidades Paraestatales, cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente, desde el punto de vista de la economía nacional».
Al respecto, Manuel Fuentes Muñiz, especialista en justicia laboral, señaló a Cimacnoticias que la disposición anterior no aplica en la extinción de LyFC, debido a que la creación de esta compañía del Estado fue ordenada por el Congreso de la Unión, por lo que correspondía al Legislativo discutir la desaparición o no de dicha empresa.
El abogado laboral denunció que el fallo de la SCJN evidencia la sumisión de este tribunal a los mandatos del Ejecutivo, «prioriza los intereses políticos sobre lo fundamental: el respeto a la constitución».
La determinación de la Corte no finaliza el conflicto laboral del SME, incluso, este veredicto puede revertirse, si un tribunal como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluye que se registraron violaciones a los derechos de las y los trabajadores, dijo.
La SCJN negó que la determinación de Calderón Hinojosa violara los derechos de las y los electricistas, pues señala que el artículo 5 del decreto, establece «el pago de indemnizaciones, jubilaciones y los demás derechos laborales, previstos en la ley de la materia y el Contrato Colectivo de Trabajo».
En este sentido, el abogado laboral calificó como «grave» que la SCJN no haya tomado en cuenta la violación a los derechos laborales del gremio electricista, pues para empezar el Ejecutivo debió darle al gremio electricista el derecho de audiencia, previo al decreto.
Asimismo, mencionó que el hecho de que la SCJN deje el tema laboral en manos de la JFCyA no garantiza que los derechos de las y los «Smeitas» serán respetados, ya que este organismo «no ha querido resolver, argumentando que si la empresa fue extinguida no hay modo de buscar el patrón sustito, para que sean recontratadas, por lo que la decisión de la Corte refuerza el argumento de la Junta».
Ante este panorama, las y los trabajadores iniciarán una nueva etapa de lucha, la cual se definirá por la dirección del SME, quienes mañana martes discutirán el tema con la junta jurídica del sindicato, señaló a Cimacnoticias Cecilia Figueroa, trabajadora de LyFC.
El gremio electricista en resistencia, conformado por 17 mil 300 trabajadoras y trabajadores, buscará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la forma de patrón sustituto para ser recontratados, con el actual contrato del SME, mencionó la activista.
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