La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), exigió a Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila, la «reposición inmediata» de las becas educativas que recibían las 160 niñas y niños, cuyos padres murieron en el siniestro registrado en la mina Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006.
Moreira Valdés, quien aspira a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), «sin explicación alguna» retiró las becas educativas para las hijas e hijos de los mineros caídos, comprometidas mediante un acuerdo con las familias de los trabajadores del carbón.
El apoyo económico, que hace un año suspendió el priísta Humberto Moreira, estaba destinado a las y los menores de edad que estudiaran o para quienes cursaran alguna carrera. Las becas significaban «un alivio» para las familias de los trabajadores del carbón, que viven con «pensiones indignas», de alrededor de 3 mil pesos mensuales, denunció la OFPC.
En un comunicado, además de exigir la restitución de las becas educativas, la OFPC, conformada por asociaciones defensoras de derechos humanos y familiares de los 63 mineros fallecidos en Pasta de Conchos, denunció que, hace tiempo, el gobernador priísta «abandonó el camino de la justicia y optó por el del ornato y lucimiento públicos».
Ello se debe a que Moreira Valdés, «de la mano» de Industrial Minera México, empresa concesionaria de la mina siniestrada, recién anunció la construcción de un parque ecológico recreativo de un valor aproximado a los 60 millones de pesos.
De acuerdo con las familias, el anuncio «nos indigna y humilla la memoria de nuestros seres queridos, pues patentiza que para eso sí hay dinero y no para reparar el daño moral que se ocasionó a la comunidad minera de la región y para satisfacer el derecho inderogable y humanitario de enterrar a nuestros muertos», pues a casi cinco años de la tragedia, la empresa, propiedad de Grupo México, se niega a rescatar los restos de los carboneros caídos.
La OFPC asegura que con la construcción del parque ecológico, el gobierno estatal y Minera México «pretenden simular que están a favor de la gente», cuando esta administración, además de negar a las familias el acceso a la justicia, ha utilizado la fuerza pública en contra de éstas.
ESTADO MEXICANO PIDE PRÓRROGA A LA CIDH
Ante la negativa de las autoridades mexicanas, el pasado 16 de febrero María Trinidad Cantú, de la OFPC, madre del minero caído Raúl Villasana Cantú, en representación de 235 familiares de 28 trabajadores mineros siniestrados, realizaron la petición formal de apertura del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH, «en tiempo récord y no visto en los casos mexicanos», con fecha de 24 de septiembre y remitida el 11 de octubre pasados, notificó a las familias que había pedido información al gobierno de México sobre la petición presentada en su contra, tenía dos meses para entregar sus observaciones.
Sin embargo, el pasado 10 de diciembre, la CIDH informó a la OFPC que concedió una prórroga al Estado mexicano para responder la petición enviada por las familias.
Por último, la organización se sumó a la indignación y protesta por la muerte de la defensora Marisela Escobedo, ejecutada el 16 de diciembre, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, quien durante los últimos años de su vida peleó porque el asesinato de su hija no quedara impune, como lo han hecho cuando menos 40 madres de mineros siniestrados, con la finalidad de que la muerte de sus hijos «en situaciones injustas» se esclarezca.
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