El 25 de noviembre fue elegido como el día internacional de la no violencia hacia las mujeres durante el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en 1981, a propuesta de la delegación dominicana, para recordar a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, luchadoras sociales que en 1960 fueron asesinadas por orden de Leonidas Trujillo, dictador de República Dominicana.
En México las mujeres feministas organizadas y las de los movimientos populares tiene más de tres décadas luchando porque el derecho a una vida sin violencia sea una realidad.
El primer grupo organizado en contra de la violencia hacia las mujeres surgió en 1979, inspirado en la experiencia del feminismo europeo y norteamericano.
Sus fundadoras provenían de la psicología crítica, de la medicina, del ambiente académico intelectual, del artístico y de la militancia política. Dulce María Pascual, Concepción Fernández, Itzíar Lozano (psicólogas) y Héctor Peralta (médico) influyeron para la creación del Centro de Apoyo a Mujeres Violadas (CAMVAC)
Posteriormente surgieron el Centro de Apoyo a la Mujer (CAM, en Colima) y la Asociación Mexicana Contra la Violencia Hacia las Mujeres, A. C. (COVAC), principalmente.
En la primera fase de la lucha contra la violencia hubo un largo momento de denuncia sobre el tema; se trataba de llamar la atención sobre algo que no se había hecho visible como problema social, que aparecía aislado, como producto de desajustes emocionales o patológicos del ofensor.
Más tarde los grupos de mujeres, al trascender la etapa de la denuncia, inician la lucha por la reforma a las leyes, donde las víctimas de violencia puedan ejercer su derecho a la justicia.
En 1984 la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) recogió un proyecto integral de modificaciones a la ley en materia de delitos sexuales, elaborado por destacadas feministas en 1983.
Dicha iniciativa proponía modificar el Código Penal y de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pero la iniciativa nunca pasó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para la elaboración del dictamen correspondiente; sin embargo, sirvió de modelo para un gran número de propuestas posteriores.
En 1989, a raíz de la violación de un grupo de 19 mujeres agredidas por integrantes de la escolta personal del subprocurador de Narcóticos de la Procuraduría General de la República, diferentes sectores de la opinión pública y del movimiento organizado de mujeres se manifestaron por el fin de la impunidad, lo que puso nuevamente la reforma a la penalidad de los llamados delitos sexuales en la discusión.
El entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, licenciado Ignacio Morales Lechuga, después de un mitin de protesta, por este hecho empezó a reunir un grupo amplio y plural de mujeres con el objeto central de presentar una iniciativa de reformas en materia de esos delitos.
El «Grupo Plural Pro Víctimas, A. C.», como posteriormente fue constituido de manera formal en enero de 1990, integrado por diversos grupos de la sociedad civil, feministas, servidoras públicas, periodistas, académicas, asambleístas, diputadas y senadoras, sesionó durante varios meses hasta que el 15 de mayo de 1990 concluyó su trabajo de exposición de motivos, propuestas legislativas en materia de delitos sexuales, artículos transitorios y material de apoyo para las personas agraviadas por este delito.
Paralelamente a los trabajos de este grupo, las diputadas que participaban en él -destacando nuevamente Amalia García, feminista y defensora de la causa de las mujeres-, se echaron a cuestas la labor de interesar al resto de sus compañeras de «bancada», en una cuidadosa tarea de cabildeo político que culminó con la firma del proyecto de iniciativa por parte de las 61 diputadas de las LIV Legislatura.
Finalmente el 1 de enero de 1991 apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código Penal tras una dura batalla. Es importante destacar el papel relevante que durante el proceso jugó el movimiento feminista.
Quienes, por su contacto cotidiano con las víctimas, recogen las principales angustias que el proceso penal y el quehacer jurídico para estructurarlas en la formulación de una propuesta integral que les diera coherencia y atendiera a las necesidades de las personas agredidas.
Es por ello que hoy las mexicanas, pese a que hemos avanzado un paso, continuamos luchando por erradicar la violencia hacia las mujeres desde todos los ámbitos sociales.
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