A 25 años de institucionalizado el día de la violencia contra las mujeres, creadodurante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en julio de 1981 en Bogotá, Colombia, la situación de las mexicanas continúa marcada por la discriminación y la violación a sus derechos fundamentales.
Los números son contundentes: una de cada cuatro sufre violencia doméstica, una de cada cuatro ha sido violada o sufrido intento de violación, una de cada cuatro es acosada sexualmente en el trabajo, reporta Inmujeres en su Web.
En pleno Siglo XXI persiste la exclusión, explotación y violencia hacia las mujeres, lo que sigue considerándose como algo «normal» y con frecuencia resulta invisible para las propias mujeres maltratadas.
La violencia contra la mujer –compleja y diversa en sus manifestaciones física, sexual y emocional– pasó del plano privado al dominio público, en gran medida por el activismo de las organizaciones y movimientos de mujeres.
Es ya público que la violencia está profundamente arraigada en las relaciones estructurales de desigualdad entre los sexos. Y se reconoce también, en las últimas décadas, la importancia de defender los derechos humanos de las mujeres, como una forma de garantizar la convivencia pacífica entre la sociedad.
El Estado mexicano, como firmante de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1981), tiene la obligación de adoptar medidas de carácter legislativo, políticas públicas administrativas o de otra índole, necesarias para que las mujeres puedan acceder al disfrute de sus derechos en condiciones de seguridad e igualdad.
LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
En los años recientes, las propias mujeres han generado diversas herramientas para erradicar la discriminación y promover la igualdad y el empoderamiento femenino.
En junio de este año se creó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promovida por la Comisión de Equidad y Género de la LIX Legislatura, que establece la transversalidad de las condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas las mujeres de este país y es obligatoria para los tres niveles de gobierno.
En entrevista con Cimacnoticias, la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara alta, comentó que se está revisando la citada ley, conjuntamente con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, y se harán algunas observaciones, mismas que se valorarán para presentar el dictamen a votación.
Durante la pasada legislatura, la Cámara de Diputados estableció la Comisión Especial de Feminicidio, pero hoy es incierta su continuación, y también se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevim), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), que apenas da sus primeros pasos.
Como instancia para impulsar y ejecutar políticas públicas, programas y acciones a favor de las mujeres, en 2001 surgió el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), al que diversas ONG cuestionan, pues consideran que se ha quedado en la visualización de la violencia y en algunas acciones, sin desarrollar una verdadera gestión política a favor de las mujeres.
Claudia Cruz, exconsejera del Inmujeres y actual diputada federal, afirmó que el trabajo de instituto se ha centrado en realizar campañas, con un alto gasto de recursos, y estudios estadísticos, que se han quedado sólo en el dato.
En entrevista con Cimac, las legisladora perredista e integrante de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, cuestionó que el Inmujeres no se haya preocupado por contar con indicadores sobre el impacto de las acciones para prevenir la violencia de género, «y por lo tanto no se establecieron programas efectivos para la prevención y erradicación de la violencia», enfatizó.
Magdalena García, presidenta del Consejo Consultivo del Inmujeres, aseguró a CIMAC que son prácticamente nulos los avances en la incorporación de la perspectiva de género en programas, legislación y políticas públicas.
Una acción de Inmujeres contra la violencia es la campaña: ¿Realmente se necesita ser hombre para ser alguien?, que inició en noviembre con una inversión de siete millones 708 mil 508 pesos. Otra es la presentación, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la iniciativa de Ley Marco para homologar la normatividad en materia de violencia familiar, para evitar «la persistencia de grandes lagunas y deficiencias legales para las mujeres cuando reclaman justicia».
ATENCIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Generalmente, las mujeres que padecen hechos de violencia tienen reticencia a denunciarlo, porque confían de que ocurra un cambio espontáneo del agresor y «no vuelva a pasar» o porque hay total desconfianza en que las autoridades hagan justicia y castiguen al agresor.
La trayectoria de búsqueda de ayuda institucional es parte de lo que se conoce como «ruta crítica», es decir, el propio proceso de concientización y búsqueda por parte de la mujer, y los recursos sociales e institucionales con los que pudo contar o no, para dar solución a su problema.
En el 2002, con fondos del PNUD, la Asociación Mexicana Contra la Violencia a las Mujeres (Covac) elaboró un «Estudio sistémico de la ruta crítica de atención a mujeres afectadas por violencia», a fin de identificar los factores que alientan o desalientan a las mujeres a presentar una denuncia, para lo cual se contemplan aspectos personales y del entorno.
El trabajo fue entregado a Inmujeres sin que hasta el momento haya difundido su contenido.
La diputada Martha Tagle, del grupo parlamentario de Convergencia, sostiene que este es el principal problema al que se enfrenta la sociedad, porque luego de un proceso judicial resulta que el agresor no es encontrado culpable y sale libre, por lo que no se hace justicia, genera desconfianza hacia las instituciones y se pierde el valor de la denuncia.
En entrevista, Tagle reconoció que este es un problema muy complejo que se debe atajar desde la prevención, impulsar políticas públicas para prevenir este delito, atender a las víctimas, procurar justicia y que realmente se aplique.
«Mientras exista en la mentalidad de la población que se puede matar a una niña o a una mujer y quedar sin castigo, o persista un largo proceso sin que pase nada, no podremos resolver el problema de violencia de género», advierte.
Numeralia:
38.4 por ciento de las mujeres de 15 años o más que viven en pareja sufrió violencia emocional por parte de su cónyuge
29.3 por ciento declaró violencia económica
9.3 por ciento, violencia física
7.8 por ciento, violencia sexual.
México ocupa el octavo lugar en homicidios contra mujeres y sexto en violaciones, ONU
Fuente: Inmujeres
06/LGG/GG
