En materia de muerte materna, el gobierno de Felipe Calderón tiene un gran reto, ya que en los últimos 15 años la muerte materna sólo disminuyó 26 por ciento, y hasta el 2004 se registraban poco más de 62 defunciones por cada 100 mil nacimientos, según los datos reportados en el Informe de Avance 2006 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En dicho informe, el gobierno federal reconoce que en el ámbito regional hay varios rezagos en esta materia, sobre todo en comunidades indígenas del país, por lo que, según Julio Frenk Mora, ex secretario de Salud «se le debe dar especial atención en el próximo gobierno».
México, agregó el ex Secretario, se encuentra en la gran frontera de la equidad, la cual se debe cruzar si realmente se quiere hacer un país más justo.
Además, «a pesar de los esfuerzos realizados a través del Programa «Arranque Parejo en la Vida», esta es un problema en el cual no se debe aflojar el paso y constituye el objetivo al que mayor atención debe prestar el próximo gobierno», destacó en un boletín de prensa de la Secretaría de Salud.
El informe Avance 2006 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue presentado los primeros días de diciembre de este año.
Thierry Lemaresquier, coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en México, señaló entonces que la desigualdad en México es lastimosa y que las y los mexicanos ya no toleran la exclusión, por lo que deberán redoblarse los esfuerzos en los siguientes años para combatir esos problemas.
Sobre la frecuencia de esta situación de salud, el libro «La Mortalidad Materna en México: cuatro visiones críticas» destaca que en nuestro país cada día mueren tres o cuatro mujeres por causas relacionadas con el embarazo, ello a pesar de que la Norma Oficial Mexicana (NOM) para la atención de esta parte de la población ofrece una serie de acciones para evitarlas.
Las mujeres rurales son las que presentan mayor riesgo de muerte materna, debido a las condiciones complejas en las que viven. Tienen un riesgo siete veces mayor, incluso que aquellas que no cuentan con seguridad social, ocho veces más riesgo en las mujeres analfabetas y tres veces más alto en los municipios de muy alta marginación, ubicados en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Para Nadine Gassman, directora general de la organización civil IPAS México y comentarista del citado libro, a 10 años de la conferencia de El Cairo todo se ha quedado en discurso y no se ha decidido abatir la mortalidad materna desde el gobierno, porque todavía no se comprenden las necesidades de las mujeres.
En este sentido la doctora Hilda Reyes Zapata, del Instituto Nacional de Perinatología (INPER), dice que si todas las mujeres tuvieran acceso a los servicios de salud, muchas muertes podrían ser evitadas, pues las causas clínicas principales son la toxemia en el embarazo, con un 31 por ciento; hemorragias durante el parto, 22 por ciento; complicaciones del puerperio, 10 por ciento y por aborto, ocho por ciento.
Cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican que el aborto es la cuarta causa de muerte materna entre mujeres en edad reproductiva.
En México, la muerte ocasionada por complicaciones del embarazo, parto y puerperio es uno de los principales problemas de salud de las mujeres en edad reproductiva y representa un indicador de profunda desigualdad social que está relacionado con la pobreza.
Si bien el embarazo es un proceso fisiológico natural, ante el cual las mujeres pueden reaccionar de diferente manera, no son precisamente los factores biológicos los que las ponen en riesgo ante este evento.
Mercedes Ballesté, en su ponencia «Analizando la mortalidad materna en el Distrito Federal, desde una perspectiva de género» presentada en la tercera Conferencia Nacional sobre Maternidad Sin Riesgo en México, señaló que en el embarazo los factores que juegan un papel sustancial en la evolución y resolución satisfactoria de la gestación son de tipo económico, social, cultural y la calidad con que se proveen los servicios de salud.
Por eso, la mortalidad materna es fiel reflejo del desarrollo de un país, de la calidad y el acceso a servicios sociales y a servicios de salud. Señal inequívoca de la situación que guarda la equidad de género en una sociedad.
06/GT/GG
