Por primera vez desde que comenzó la actual Legislatura, el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados acusó en la tribuna de San Lázaro al ex diputado panista Luis Pazos por haber recortado 30 millones de pesos del presupuesto de egresos 2003, para asignarlos al antiabortista grupo Provida.
El secretario de la Comisión de Salud, Rafael García Tinajero, demandó que se investigue el accionar del ex legislador de Acción Nacional, quien según diversos documentos y denuncias de ex diputadas y grupos civiles habría desviado a título personal fondos aprobados para combate al VIH para otorgarlos a Provida.
El legislador perredista sostuvo que de comprobarse los supuestos hechos ilegales en la reasignación de recursos se deben fincar responsabilidades «a quien corresponda».
García Tinajero hizo un recuento del escándalo –difundido desde el pasado mes de enero– por el desvío de 30 millones de pesos del presupuesto para atender el VIH/SIDA, y que sin el consentimiento del pleno legislativo ahora están en manos del grupo Provida para la construcción de 10 clínicas antiaborto.
Para el programa de SIDA de la Secretaría de Salud se aprobaron en diciembre pasado 208 millones de pesos, a los cuales se les restaron los 30 millones para la organización ultraconservadora, recordó el perredista.
«Esta denuncia de acreditarse da cuenta de un hecho grave, perpetrado por el entonces legislador y Presidente de Comisión (de Presupuesto) Luis Pazos, pues de un plumazo este hombre habría reconfigurado sin tener ninguna facultad para ello y por tanto violando la ley, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta soberanía. Esto sería legalmente inadmisible y por lo tanto, tributario de una sanción», afirmó.
En su turno, la también diputada del PRD Malú Micher expuso que lo que está en juego es si Luis Pazos («premiado por Acción Nacional para irse a Banobras») cumplió o no con la ley.
Puso de relieve que las organizaciones civiles por los derechos de la mujeres reciben de parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social o el de las Mujeres apenas 350 mil pesos por un año, cuando ganan concursos públicos para programas de ayuda a las mexicanas.
«Y aquí se le otorgaron 30 millones por sus pistolas a Provida, y eso no es legal y se está violando la Constitución, la ley y se está pasando por encima de este pleno», arremetió la diputada.
Previamente, el presidente de la comisión de Salud, el panista José Angel Córdova Villalobos, subió a tribuna en defensa de Luis Pazos. Aseguró que el ex diputado «actuó con base en los artículos 37 y 38 de la Ley de Planeación, 74 constitucional fracción IV de la Cámara de Diputados, y el 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003».
Córdova Villalobos explicó que no existió desvío de recursos, toda vez que los 30 millones para Provida salieron de «residuos» presupuestales en la Secretaría de Salud, luego de que la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto aprobó 900 millones de pesos adicionales para esa dependencia.
El legislador advirtió que la reetiquetación de recursos ocurrió «a sugerencia» del ex secretario de la comisión de Presupuesto el priista Guillermo Hopkins, y por acuerdo de la Mesa Directiva de esa instancia se aprobaron los montos para Provida «que por ley se asignaron a la administración del patrimonio de la beneficencia pública de la Secretaría de Salud».
El debate en San Lázaro sobre el llamado Providagate, quedó ahí, en mera discusión, toda vez que los pronunciamientos legislativos se insertaron en el orden del día como parte de la agenda política. No hubo acuerdo alguno.
2003/RM/MEL
