Dinero y transparencia para cumplir Consenso de Montevideo

Para que el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo –documento firmado por 38 países el pasado 15 de agosto en la capital uruguaya– no sea un sueño y de verdad se garanticen los derechos planteados, es necesario que los gobiernos inviertan recursos y creen mecanismos de rendición de cuentas.
 
Carmen Barroso, directora regional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, dijo que no hay mucho que agregar al convenio aprobado durante la Primera Conferencia Regional sobre este tema, pero afirmó que hay mucho que hacer para que los compromisos no se conviertan en un “sueño de una noche de invierno”.
 
A propósito de la serie de compromisos firmados por las delegaciones oficiales, que contiene un apartado específico sobre la igualdad de género, la activista brasileña sostuvo que el movimiento feminista debe tomar este acuerdo “mirando al cielo, pero manteniendo los pies en la tierra”.
 
La fundadora del primer Centro de Estudios de la Mujer de Brasil dijo que faltan dos contribuciones para convertir las metas planteadas en el Consenso de Montevideo en realidad: los recursos económicos y los mecanismos de rendición de cuentas, porque aseguró que sin esos dos factores las ideas no saldrán del papel.
 
“Ahora nos graduamos como países de ingresos medios, desafortunadamente esto no significa que en muchos de nuestros países el Estado sea capaz de captar los recursos necesarios. En estos países una agenda de combate a la desigualdad y promoción de los derechos es poco más que una lista de buenas intenciones”, advirtió.
 
Barroso, quien fuera una de las líderes de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, mencionó que hay países de la región con altas tasas de mortalidad materna y embarazo en adolescentes, pero al mismo tiempo con buenas leyes, políticas y planes para contrarrestar estos problemas.
 
Sin embargo la experta en salud sexual y reproductiva explicó que en América Latina las políticas a favor de la igualdad no se pueden implementar, porque en la mayoría de los casos “la oligarquía que domina el Congreso del país” no aprueba impuestos contrarios a sus intereses económicos.
 
Barroso expuso que la captación de los recursos para la agenda social requiere la democratización de los procesos políticos para fortalecer la base fiscal del Estado, y asegurar que los fondos públicos sean utilizados para el bien de la sociedad. Aclaró que sólo así se erradicará la corrupción endémica y se podrá dar prioridad a la estrategia de desarrollo.
 
Agregó que las cifras de estabilidad esconden desigualdades, por lo que es necesario seguir insistiendo en temas que aún requieren de inversión, por ejemplo, el combate al embarazo en adolescentes en zonas de extrema pobreza.
 
“Es necesario recodarles que persiste el sacrificio de la vida de las mujeres en situación de pobreza que necesitan recurrir al aborto inseguro, pero más que esto es necesario pensar un nuevo pacto internacional para captación de recursos para el desarrollo”, dijo.
 
A decir de la activista, para que el Plan de Acción de 1994 recobre nuevos bríos hay que llamar con firmeza a la cooperación internacional, para cumplir los compromisos acordados y proponer mecanismos innovadores de financiamiento; por ejemplo la creación de un impuesto global sobre las transacciones financieras internacionales.
 
Aseguró que este impuesto aumentaría la transparencia y la regulación del sistema financiero internacional y garantizaría la independencia financiera de la ONU, y con esto se podría aumentar su independencia política.
 
Explicó que en el mundo aumenta de manera alarmante la desigualdad, pero también crecen las transacciones financieras internacionales, y por tanto aprobar un impuesto muy bajo para estos movimientos, por ejemplo de 0.05 por ciento, podría recaudar miles de millones de dólares al año y permitir el logro de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del Plan de Acción de El Cairo.  
 
Sobre la rendición de cuentas, Barroso señaló que los Estados, junto con la sociedad civil, deben crear un fuerte mecanismo regional de rendición de cuentas, monitoreo de resultados, indicadores de objetivos y metas de seguimiento, para lograr el cumplimiento de los compromisos del Consenso de Montevideo.
 
“Estamos construyendo el mundo del futuro, un mundo de igualdad, derechos y libertad, donde las mujeres sean dueñas de sus cuerpos y de sus vidas, y que no sean obligadas a continuar con un embarazo que no desean, y que los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas sean respetados, protegidos y garantizados”, recalcó.
 
La también integrante del grupo de expertos independientes de la ONU que monitorean la estrategia global de salud de las mujeres, reiteró que falta un énfasis en los recursos y la rendición de cuentas, y mencionó que no se puede olvidar que hay que seguir generando datos desagregados para conocer mejor las desigualdades de la región y reflexionar cómo erradicarlas.
 
13/AGM/RMB