Inicio Diputadas, diputados y familiares de Morett rechazan extradición

Diputadas, diputados y familiares de Morett rechazan extradición

Por Gustavo González López

Diputadas, diputados, especialistas y familiares de Lucía Morett y de los cuatro jóvenes mexicanos asesinados por el Ejército colombiano en territorio ecuatoriano, rechazaron, “por infundada e improcedente, la extradición de nuestra connacional”. Al contrario, se exigirá justicia “para las víctimas de la masacre, especialmente para los cuatro universitarios, así como castigo a los culpables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la invasión colombiana a Ecuador”.

La masacre tuvo lugar el primero de marzo de 2008, cuando el Ejército colombiano bombardeó un campamento de la Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos, Ecuador, en donde se encontraban las y los estudiantes de visita, y sólo sobrevivió Lucía Morett.

En conferencia de prensa, el profesor Jorge Morett, padre de Lucía, dio a conocer las conclusiones del Foro realizado el pasado 26 de mayo en las instalaciones de la Cámara de Diputados de San Lázaro.

Acompañado por los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Rita del Castillo, madre de uno de los jóvenes asesinados, Morett señaló que “no ha habido justicia para Verónica Velásquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles, ni para la sobreviviente de esta masacre, Lucía Andrea Morett Álvarez”.

El profesor recordó que esta agresión fue condenada en foros internacionales, por tratarse de flagrantes violaciones al derecho internacional y al humanitario.

En su momento, el gobierno de México calificó de “ilegal” la invasión, “deploró” la muerte de los jóvenes estudiantes y solicitó a Colombia la indemnización para las víctimas de nuestro país. Con ello, el Ejecutivo manifiestamente reconocía la culpabilidad del gobierno de Álvaro Uribe, quien además asumió la responsabilidad de la Operación Fénix, justificándola de “lucha contra el terrorismo”, sin que él ni ninguno de los militares que participaron en la comisión de delitos haya sido sometido a juicio.

La incursión colombiana motivó una investigación en Ecuador por los homicidios violentos y la invasión a su territorio. Inexplicablemente –dijo el profesor Morett– este proceso jurídico derivó en un juicio contra las sobrevivientes por “atentar contra la seguridad interna del Estado”. El fiscal de Sucumbíos, localidad ecuatoriana donde sucedieron los hechos, centró su actuación contra las ofendidas, señalando su incapacidad para procesar a los militares y policías de Colombia ya que el gobierno de ese país se negó a proporcionarle sus nombres.

Luego, el 11 de marzo de 2008, Lucía Morett, en presencia del embajador mexicano en Quito, rindió su declaración ante el Fiscal General de Ecuador, doctor Washington Pesantez, quien tras oír su versión de los hechos la señaló como víctima y testigo de la agresión colombiana, indicando que el Estado no tenía nada en su contra. Pero “actualmente, de manera inexplicable, él ha avalado la solicitud de extradición que en los hechos criminaliza a las víctimas y deja en la impunidad a los agresores”.

El Fiscal y el Juez de Sucumbíos concluyen que, por el solo hecho de “encontrarse en el campamento y haber identificado los cadáveres de los mexicanos asesinados”, es miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, sin más, que atentó contra la seguridad de Ecuador. Lucía ha negado categóricamente formar parte de ese grupo, lo que consta en el expediente incluso por voz de un militar que la interrogó y que declaró haberla encontrado con ropa de civil, dijo el padre de Lucía Morett.

Por su parte, el diputado perredista José Antonio Almazán González, consideró que luego de leer los 15 tomos del expediente que contiene el caso de Lucía Morett, sólo se encontró con “los elementos supuestos probatorios que consisten en una serie de dichos, pero que no hacen ninguna prueba o fundamento del por qué se quiere colocar a nuestra connacional de ser una víctima, a una agresora que viola la soberanía y la seguridad interna del Ecuador”.

Para Almazán González, las supuestas pruebas “son datos tomados de recortes de periódicos. Por supuesto, las derechas –tanto de aquí como de allá– muestran datos periodísticos para dar fundamento a acusaciones”.

Por su parte, Rita del Castillo, madre de Juan González del Castillo, aseguró que la masacre fue “un crimen de Estado y lo peor de esto es que Felipe Calderón Hinojosa no ha defendido a sus ciudadanos mexicanos. Es terriblemente decepcionante para nosotros como padres, como madres de los jóvenes asesinados, que el presidente de la República no repruebe, no exija justicia para ellos”.

09/GGL/RMR/GG

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles.Acepto Leer más

Skip to content