La nueva Comisión de Equidad y Género (CEG) de la Cámara de Diputados recibe como herencia de la anterior Legislatura logros importantes, pero también proyectos e iniciativas pendientes que tendrán que prosperar si se pretende conseguir el pleno desarrollo de las mujeres y el respeto a sus derechos humanos.
Uno de sus principales retos será evitar que continúe el retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que ha sido coartado en 15 entidades de la República mediante cambios en sus constituciones que prohíben la interrupción legal del embarazo (ILE).
Estos cambios para prohibir y criminalizar el aborto fueron aprobados en 14 estados del país de noviembre de 2008 a la fecha, por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), con apoyo del Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que en Chihuahua se realizaron desde 1994.
Defender los derechos de la población femenina no será fácil, advierten las anteriores legisladoras, quienes al hacer un balance de su gestión afirman que en los tres años que duró su trabajo se enfrentaron a un Congreso dominado por acuerdos copulares, por un machismo soterrado, debiendo dedicar gran parte de su tiempo a detener iniciativas que violentaban los derechos de las mujeres.
Leticia Quezada Contreras, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LXI legislatura, afirma que la defensa por la laicidad del Estado será una gran tarea, porque grupos conservadores buscarán reformar la Constitución para menoscabar los derechos de las mujeres bajo el argumento de «proteger la vida desde el momento de la concepción».
En ello coincide la ex diputada federal por Alternativa Socialdemócrata Elsa Conde, quien advierte: «la cancelación de nuestros derechos ganados en materia de salud sexual y reproductiva» está latente y no tarda en irrumpir en el ámbito federal.
Estas reformas, agrega, tienen graves implicaciones en la vida de las mujeres: en varios estados del país han sido detenidas por abortar. No sólo se las criminaliza, pues en algunos estados el derecho a la ILE fue transformado en «síntoma de locura».
SIN VOLUNTAD POLÍTICA NI RECURSOS
Para legislar a favor de las mujeres, dicen las nuevas diputadas de la CEG, falta voluntad política y recursos, «es urgente promover medidas de formación y difusión sobre la salud sexual y reproductiva, atender el problema del embarazo no planeado y adolescente, garantizar acceso gratuito a la ILE y programas preventivos para asegurar el acceso a métodos anticonceptivos confiables y seguros».
Está pendiente una iniciativa presentada por la ex presidenta de CEG, Maricela Contreras Julián, para ampliar las causales del aborto agregando las económicas, cuando el embarazo haya sido producto de la trata de personas o lenocinio y cuando la mujer considere que el embarazo afecta su proyecto de vida.
En materia económica, las diputadas tendrán que garantizar por lo menos nueve mil millones de pesos etiquetados para leyes y programas a favor de las mujeres, así como trabajar para erradicar la violencia exacerbada contra las mujeres, debido a la crisis económica y la militarización.
También habrá que sostener el logro de la CEG en la LXI Legislatura en materia de recursos etiquetados destinados a leyes y programas a favor de las mujeres. Las ex diputadas consiguieron para 2009 un presupuesto asignado, que ascendió a ocho mil 981.6 millones de pesos, que superó a los alcanzados en ejercicios anteriores.
Para 2010, sin embargo, es incierto el futuro que pueda tener el Presupuesto Etiquetado para 29 dependencias federales, donde se encuentran los programas a favor de las mujeres.
VIOLENCIA Y MILITARIZACIÓN
Respecto a la violencia contra las mujeres, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e integrantes de la LX Legislatura han advertido que aunque ha habido algunos avances en esta materia, son más los obstáculos.
Durante esa Legislatura entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en 30 entidades existe ya la respectiva ley local, pero sólo existen cinco reglamentos publicados, con lo cual en 25 entidades la norma no puede ser aún aplicada.
Otro pendiente, indica el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), es que la militarización en el país para combatir al narcotráfico ha potenciado la reproducción de la violencia contra las mexicanas y la impunidad.
PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA
En el ámbito político queda aún muy lejos el cumplimiento de la Ley electoral sobre la inclusión de al menos 40 por ciento de mujeres en cargos de elección, como se estableció en la Reforma Electoral de 2008.
Así lo evidenciaron especialistas durante el coloquio: «La democracia en clave de género: límites y alcances de la cuota de género en el proceso electoral 2008-2009», quienes propusieron revisar la Ley de Cuotas de Género del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), respecto al 60-40 aprobada en la pasada Legislatura, para replantear estas cuotas y garantizar la paridad en los tres niveles de gobierno.
Y aunque la jornada electoral de este año significó un adelanto en la participación política de las mujeres en San Lázaro –pues la nueva Legislatura estará integrada por 149 diputadas, es decir, 32 lugares más que las de la Legislatura pasada–, esta semana ocho diputadas renunciaron para ceder sus lugares a varones.
A tan sólo 72 horas de iniciados los trabajos de la LXI Legislatura, presentaron su renuncia Laura Elena Ledesma Romo, Kattia Garza Romo, Mariana Ivette Ezeta Salcedo y Carolina García, del PVEM; Ana María Rojas Ruiz y Yulma Rocha Aguilar, del PRI; Anel Patricia Nava Pérez, del Partido del Trabajo (PT), y Olga Luz Espinosa Morales, del PRD.
09/GT/GL/GG
