Sin servicios básicos y discriminadas por ser mujeres e indígenas, viven en Chiapas por lo menos 50 mil desplazadas con la esperanza de un futuro en tierra firme.
Así lo indica el Diagnóstico de la Situación de las Mujeres Indígenas Desplazadas en Chiapas presentado hoy por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en el Museo de las Culturas Populares.
Las desplazadas consideraron que los problemas más urgentes son la pobreza extrema en que viven, la inseguridad y la guerra, así como la discriminación y violencia que padecen por ser mujeres. Asimismo, explicaron que su vida mejoraría con acciones de las autoridades para garantizarles documentos oficiales, vivienda y otros servicios.
Sin embargo, es imposible dar cifras detalladas de las mujeres que han tenido que salir de municipios chiapanecos por conflictos religiosos, intercomunitarios o por la lucha zapatista, o quedarse como refugiadas en México como las guatemaltecas, indica el informe preliminar elaborado por la asociación civil Na’ Sonpel.
Las desplazadas por la lucha zapatista esperan que se logre la paz tras haber tenido que huir, sobre todo en 1997 y 1998, por las masacres de Acteal y El Bosque, en lo que la coautora del libro Las Alzadas sobre el Conflicto Zapatista desde las Mujeres, Mercedes Olivera Bustamente, llama desplazamientos en resistencia.
«En este proceso de resistencia y lucha contra la militarización de las mujeres», asienta el estudio, la participación y sus conquistas «son muestra de cambio trascendente en sus identidades: de la histórica subordinación étnica y genérica se pasó a la participación y rebeldía políticas».
La situación es distinta para las que huyeron en conflictos intercomunitarios, que mantienen una participación limitada y amenazas constantes de paramilitares en su zona, refiere Olivera.
Mientras que las desplazadas por conflictos religiosos, que en su mayoría se asientan en la periferia de la ciudad de San Cristóbal de las Casas y a la orilla de la carretera Panamericana, aseguran que tienen una mejor vida que en sus comunidades de origen, con mejores oportunidades y más participación.
Su vida de subordinación se ha transformado, asegura el diagnóstico, porque ahora tienen que encargarse del abasto familiar también como vendedoras de frutas o verduras y como artesanas. Ellas son madres solas, en 30 por ciento de los casos por causa de la migración o el abandono de sus maridos.
Las refugiadas guatemaltecas son las que enfrentan mayor inseguridad, «el no tener definido su estatus jurídico de naturalización las hace vulnerables política y econonómicamente», asegura la investigación, por lo que viven con miedo de que las instituciones las deporten a su país de origen.
Sin documentos de identificación, carecen de acceso a los programas de beneficio social o a proyectos productivos oficiales. Tampoco tienen acceso a los servicios públicos y, en ocasiones, hasta carecen de leña suficiente para cocinar en sus estufas. Ellas lamentan la discriminación de que son víctimas por la sociedad «coleta» o dominante en San Cristóbal.
Participaron en la presentación el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, el coordinador para el Diálogo y la Negociación En Chiapas, Luis H. Alvarez, mujeres desplazadas y las titulares de las instancias patrocinadoras.
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